Madres, padres y tutores de alumnos del Centro Parroquial Margarita A. de Paz presentaron una nota formal al representante legal de la institución, Luciano Freytes Varela, en la que reclaman medidas concretas de resguardo para los estudiantes ante las denuncias por presuntos abusos que involucran al nivel inicial del establecimiento.
Según información publicada en el diario Perfil Córdoba, el documento, firmado por familias vinculadas al 2° grado división “C”, exige la adopción de medidas preventivas dentro del colegio mientras avanza la investigación judicial que se encuentra en curso.
En la presentación, los padres solicitan que se aplique el principio de precaución previsto en la Ley Provincial 9.944 de Protección Integral y en los protocolos vigentes en Córdoba para situaciones de abuso.
Entre los puntos planteados se encuentra el apartamiento preventivo de cualquier persona mencionada o investigada en la causa, además de la confirmación por escrito de que ningún imputado mantiene contacto directo con estudiantes.
También piden reforzar los controles dentro del establecimiento, incluyendo un protocolo más estricto para el contacto entre alumnos y adultos ajenos al plantel docente, supervisión permanente por parte de los maestros, registro de ingreso de visitantes y la verificación de antecedentes penales y de delitos sexuales de todo el personal con acceso al alumnado.
Las familias otorgaron un plazo de entre 48 y 72 horas hábiles para recibir una respuesta formal por parte de las autoridades del colegio.
Intervención de la Fiscalía General
El reclamo de los padres se produce en medio de un proceso judicial que investiga dos denuncias por presuntos abusos contra niñas del jardín de la misma institución.
Cabe recordar que el abogado Pablo Pigini, que representa a las madres denunciantes como querellante particular, solicitó al Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, que ambas causas sean trasladadas a una Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual en la ciudad de Córdoba.
A raíz de ese planteo, la Fiscalía General ya requirió informes a las fiscalías que actualmente llevan adelante las investigaciones.
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2025. Según las presentaciones judiciales, una madre advirtió sangrado en la ropa interior de su hija de cuatro años al retirarla del jardín y la llevó al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde se activó el protocolo de abuso.
Semanas después se radicó una segunda denuncia vinculada a otra menor de la misma sala.
Actualmente, los expedientes se tramitan por separado: uno en la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y el otro en la Fiscalía de Segundo Turno, bajo la responsabilidad del fiscal Ricardo Mazzuchi.
