La Justicia ordenó avanzar con la ejecución de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida busca cubrir «el perjuicio económico» derivado de la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad, donde se determinó el desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz.
El fallo, que ya quedó firme, contempló no solo la pena de prisión —que la ex mandataria cumple actualmente bajo la modalidad domiciliaria— sino también el decomiso de activos para resarcir al Estado.
Según fuentes judiciales, el monto a devolver ascendió a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que obligó a proceder sobre el patrimonio de los condenados.
La resolución judicial habilitó el embargo y remate de propiedades, empresas y otros activos vinculados tanto a la ex presidenta como al resto de los implicados, entre los que figuró el empresario Lázaro Báez.
Con esta decisión, el proceso entró en su etapa final de ejecución de sentencia, orientada a garantizar que el dinero considerado defraudado regrese a las arcas públicas.
