El nuevo proyecto de reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, no convenció a los miles de ciudadanos que volvieron a salir este sábado a las calles de las principales ciudades del país para pedir el retiro total de la propuesta, en medio de crecientes denuncias de abusos durante la represión policial de las últimas protestas.
En paralelo, la Fiscalía colombiana anunció la apertura de una investigación sobre seis homicidios ocurridos durante estos cuatro días de manifestaciones masivas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región”.
La reformulación del proyecto de reforma anunciada en la víspera por Duque, quien retiró las propuestas más polémicas como el aumento del IVA a bienes y servicios o la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de la renta, no persuadió a los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
Tras una madrugada con violencia en varias urbes, que dejó un muerto por arma de fuego en la sureña Cali, miles de colombianos protestaron por cuarto día consecutivo contra una medida que, según denuncian, castiga a la clase media en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus.
Al ritmo de bombos y cacerolazos, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil marcharon en numerosas localidades en el día internacional de los trabajadores.
Al ritmo de bombos y cacerolazos, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil marcharon en numerosas localidades en el día internacional de los trabajadores.
“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país”, un Gobierno decida “hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo”, dijo un manifestante de Bogotá, que pidió no ser identificado, según la agencia de noticias AFP.
En la capital, la marcha se dividió en dos: una parte se dirigió a la central Plaza de Bolívar, cercana a la sede del Poder Ejecutivo, y otra a la casa de Duque, cuya popularidad es de apenas un 33%.
El Gobierno se mantuvo en silencio frente a la represión.
El Gobierno se mantuvo en silencio frente a la represión.
Además de la capital, se registraron marchas multitudinarias en Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Barranquilla (norte) y Neiva (centro), así como en ciudades intermedias.
Si bien en su mayoría se desarrollaron de forma pacífica, se registraron algunos incidentes en las caribeñas Barranquilla, donde un grupo de manifestantes atacó la sede de una cadena de almacenes, y Cartagena, donde incendiaron barricadas, según el diario El Tiempo.
En tanto, en Medellín, el alcalde Daniel Quintero alertó sobre supuestas amenazas y ataques contra la red de transporte público y manifestantes.
“Amenazas graves que tomamos muy en serio para hoy 1 de mayo. Por un lado, grupos radicalizados planean ataques al Metro. Por el otro, grupos de (autodefensa) Convivir quieren aprovechar el desorden para disparar a manifestantes. Hemos dispuesto efectivos para defender la vida e infraestructura”, tuiteó.
Desde el inicio de las protestas, el pasado miércoles, se produjeron una serie de disturbios en el centro y el suroeste del país, que llevaron a la militarización de la ciudad de Cali, epicentro de las movilizaciones.
El Gobierno decidió enviar más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios Esmad, 1.800 policías, dos helicópteros y 60 motos.
Organismos de derechos humanos reclamaron por la fuerte represión en las calles.
Organismos de derechos humanos reclamaron por la fuerte represión en las calles.
De los seis homicidios investigados por la Fiscalía, cinco ocurrieron en esa localidad, capital del departamento del Valle del Cauca, con 2,2 millones de habitantes.
