Lo que comenzó como un entrenamiento antidisturbios de rutina en una base naval de Vicente López se transformó en un escándalo con derivaciones judiciales y un futuro incierto para Brisa Páez, una joven de 21 años que sufrió una grave lesión cerebral. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado encabeza una investigación que ya ha arrojado allanamientos y la detención de nueve militares, mientras se esclarecen las circunstancias que llevaron a esta tragedia.
El pasado 4 de abril, durante un simulacro de control de disturbios, uno de los instructores habría impactado con fuerza el escudo que sostenía la joven. Este golpe, según las primeras reconstrucciones, provocó que Páez perdiera el equilibrio y cayera, golpeando su cabeza contra el suelo.
Poca instrucción
Lo que agrava aún más el hecho es el informe preliminar de la Fiscalía federal, el cual revela que Brisa Páez contaba con apenas cuatro meses de formación y carecía de la instrucción necesaria para participar en ejercicios de esa intensidad. A pesar de mostrar signos evidentes de desorientación tras la caída, los ejercicios continuaron durante varios minutos más, un detalle que levanta serias interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la supervisión durante el entrenamiento.
Inicialmente tratado como un accidente, la investigación tomó un giro cuando testimonios de compañeras de Páez comenzaron a sugerir un trato más violento hacia ella. Incluso se deslizó la posibilidad de una relación personal entre la joven y uno de los instructores, lo que podría haber influido en la dinámica del ejercicio y el trato recibido. Esta línea de investigación añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo posibles motivaciones más allá de la mera negligencia.
Tras finalizar el entrenamiento, Brisa Páez experimentó un intenso dolor de cabeza. Sin embargo, la atención médica se demoró considerablemente. Fue atendida por un médico en la base solo después de un tiempo significativo, quien finalmente ordenó su traslado al Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí se reportó una preocupante pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, una señal alarmante del daño neurológico sufrido.
Ante el rápido deterioro de su estado, Páez fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Central, donde los médicos tomaron la drástica decisión de inducirla a coma durante una semana. El diagnóstico posterior fue devastador: lesión axonal difusa, un daño cerebral severo causado por fuerzas violentas que implican el desgarro de las conexiones neuronales en el cerebro.
La gravedad de la situación impulsó a la jueza Arroyo Salgado a ordenar una serie de allanamientos en la base naval de Vicente López y en los domicilios de varios militares implicados. Estos procedimientos culminaron con la detención de nueve efectivos de la Armada. Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares y documentación interna relacionada con el entrenamiento, elementos que se espera arrojen luz sobre lo sucedido y las responsabilidades individuales.
Ahora, la jueza federal tiene un plazo de diez días para determinar la situación procesal de los detenidos. Los delitos que se investigan son de extrema gravedad e incluyen lesiones gravísimas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible encubrimiento, lo que sugiere que la justicia no descarta la posibilidad de que se hayan intentado ocultar o minimizar las circunstancias reales del incidente.
La investigación en curso buscará determinar si la lesión de Brisa Páez fue producto de un mero accidente, de una negligencia grave en la supervisión y la formación, o si existió un trato inapropiado y una posible mala praxis durante el entrenamiento. El testimonio de sus compañeras y la documentación incautada serán cruciales para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
El caso de Brisa Páez pone de manifiesto la importancia de los protocolos de seguridad y la adecuada formación en actividades de alto riesgo dentro de las fuerzas armadas. La investigación judicial deberá esclarecer las responsabilidades y garantizar justicia para la joven, cuya vida ha quedado marcada por un entrenamiento que se tornó una pesadilla. La sociedad argentina sigue de cerca este caso, esperando respuestas claras y medidas que eviten que tragedias similares se repitan en el futuro.
