A los 19 años, Clara Giménez murió en Mar del Plata esperando que su obra social cumpliera una obligación básica: garantizarle el tratamiento médico que necesitaba para vivir. Durante cinco años convivió con una ostomía temporal —una intervención que en la mayoría de los casos se revierte a los tres meses— mientras su salud y su dignidad se erosionaban ante la inacción de quienes debían cuidar de ella.
El caso, revelado por Clarín y el portal Ahora Mar del Plata, expone no sólo la crueldad burocrática de una obra social —Ostel, la del personal de Telecomunicaciones— sino también la complicidad de un sistema que permite, con aval judicial o sin él, que vidas jóvenes se extingan entre trámites y excusas.
“La demora fue letal”
“Desde enero veníamos peleando por la cobertura que necesitaba y cuando llegó fue demasiado tarde”, relató su madre. “La atención que recibió en la clínica de cartilla no estuvo a la altura de su patología y lamentablemente ya es muy tarde”.
La familia de Clara había recurrido a la Justicia para forzar a Ostel a brindar la atención requerida, luego de múltiples pedidos ignorados. La respuesta legal llegó, pero como tantas veces, llegó tarde.
La abogada de la familia, Verónica Giovanniello, fue contundente:
“El juzgado ordena, la obra social desoye, y los afiliados se mueren. Así de drástico”.
El problema, según la letrada, no es solo Clara. “Hay muchas Claras. Lo que cambia es que ella tuvo el valor de hacerlo público”, dijo. En un país con leyes que garantizan derechos, pero sin sanciones eficaces para quienes los incumplen, los recursos de amparo se convierten en ruegos al viento.
Una voz que se alzó… y fue ignorada
En febrero de este año, Clara dio un paso valiente: se sentó frente a los micrófonos del canal de streaming Olga y compartió su historia. En esa entrevista, habló de cómo era vivir con una “bolsita” desde los 14 años, de las humillaciones que había sufrido y del miedo que sentían otras personas ostomizadas para salir de sus casas. Su testimonio despertó empatía, visibilidad y apoyo, pero no obtuvo respuestas del sistema de salud.
En redes sociales, su mensaje fue claro y urgente:
“Soy Clara Giménez, capaz que algunos se acuerden de mí, hace algunas semanas salí a hablar de cómo es vivir con bolsita. Hoy les quería pedir su ayuda porque la obra social no está cubriendo mis consultas médicas, mis gastos médicos”.
Nada cambió.
Cuando la salud es privilegio
Uno de los aspectos más indignantes del caso fue el argumento insinuado por la obra social: que Clara, por ser afiliada indirecta, “no aportaba lo suficiente”. Esa lógica mercantilista, que mide la dignidad en función del dinero, deja al descubierto una falla estructural: la salud en Argentina sigue siendo un derecho en el papel, pero un privilegio en los hechos.
La abogada de la familia lo resumió sin eufemismos:
“Mientras no haya sanciones efectivas, los recursos de amparo no alcanzan. Como sociedad, miramos para otro lado mientras no nos toca”.
Clara ya no está. ¿Y ahora qué?
El caso de Clara Giménez no debería cerrarse con su muerte. Debería abrir una causa penal contra los responsables de la obra social. Debería activar mecanismos de control para que cada orden judicial que se incumple tenga consecuencias inmediatas. Y debería servir como espejo incómodo para una sociedad que se conmueve tarde, y olvida rápido.
Clara ya no puede pedir ayuda. Pero su historia aún puede ayudar a miles.
