La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye dictó el requerimiento de juicio abreviado para 14 imputados por los delitos de asociación ilícita, estafas y encubrimientos por hechos en los que fueron damnificadas personas de las ciudades de Laboulaye, Córdoba, San Isidro, Mar del Plata y Tandil.
Por esta causa se realizaron más 12 allanamientos y se logró el secuestro de diversos elementos vinculados a los hechos investigados, entre ellos aparatos de telefonía celular, automóviles y dinero en efectivo.
Casi la totalidad de los imputados (14 de 15) reconocieron los hechos y solicitaron la realización de un juicio abreviado por el cual se les impondrían penas que van desde los tres a los cinco años de prisión.
La investigación incluyó vigilancias, seguimientos a través de las redes sociales, análisis de informes de múltiples cuentas de entidades financieras y líneas telefónicas.
De la investigación surgió que una de las principales maniobras empleadas por lo individuos consistía en rastreas publicaciones efectuadas por medio de páginas de internet de objetos en venta. Luego las tareas se dividían entre quienes entablaban contacto con el vendedor, simulando identidades falsas hasta ganar su confianza y obtener datos relativos a cuentas bancarias y otra información financiera de relevancia. Complementando la maniobra, otra persona se encargaba de las operaciones electrónicas, a través de las cuales se gestionaban créditos en entidades financieras sin consentimiento del titular de la cuenta.
Luego de ello el vendedor era contactado en una segunda oportunidad, a fin de lograr que efectuara la transferencia del dinero obtenido a otra cuenta, para lo cual se lo engañaba manifestándole que por error se había efectuado una transferencia por un monto dinerario mayor o que la transferencia se había efectuado más de una vez, de esta manera, el damnificado ingresaba a constatar el saldo de su cuenta y al advertir el aumento de dinero, sin chequear los movimientos que daban origen al incremento, efectuaba la transferencia requerida a otra cuenta, esta última muchas veces aportada por algún participe, comúnmente denominado «mula», encargado de recibir el dinero.
Finalmente, el dinero era transferido a otra cuenta bancaria o retirado por algún integrante de la organización, entre quienes se dividían el producido. Con el dinero fraudulento los imputados adquirieron diversos bienes, desde moneda extranjera, electrodomésticos hasta un rodado.