El Gobierno mantendrá la prohibición de comercializarlos y advierte que son la “nueva puerta de ingreso al tabaquismo”. La industria cambió de estrategia: ahora los ofrece como reductores de daño, mientras mantiene el lobby constante sobre las autoridades sanitarias.
Los nuevos productos desarrollados por la industria tabacalera para el consumo de nicotina y tabaco son la nueva puerta de entrada al tabaquismo, provocando su uso un retroceso en la lucha contra esta enfermedad en Argentina.
Según el capítulo Argentina de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, realizada en 2018, el 14,4 por ciento de los adolescente escolarizados refirió haber probado cigarrillo electrónico y el 7,1 por ciento admitió usarlos en la actualidad.
Un año antes, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) advirtió –con datos del sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de 12 a 65 años – que el 4,5 por ciento de los encuestados había utilizado cigarrillo electrónico alguna vez en la vida; siendo el grupo etario 18-24 años el que evidenciaba mayor consumo: 6,1 por ciento.
Ante la evidencia, el Gobierno argentino ratificó que la comercialización de los nuevos dispositivos de consumo de nicotina, que popularmente se conocen bajo el concepto genérico de “cigarrillo electrónico”, seguirá prohibida, tal como lo pide la Organización Mundial de la Salud.
Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, dijo que esa decisión obedece a que estos dispositivos “producen aerosoles con nicotina y otras sustancias químicas que son dañinas y potencialmente dañinas para la salud”. Puntualizó: “Las concentraciones de 22 sustancias potencialmente dañinas se hallaban en una proporción 200 por ciento mayor que en el cigarrillo convencional y siete de éstas en un 1.000 por ciento mayor”.
Desde hace 11 años, la Anmat sostiene este criterio, convirtiéndolo en una política sostenida por tres administraciones: las que condujeron, respectivamente, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Al menos esta política sanitaria fue impermeable a la grieta.
En ese sentido, Castelli destaca que “la experiencia con los cigarrillos electrónicos, que se encuentran en el mercado de manera ilegal, muestra de qué manera los productos promocionados como de menor daño pueden llegar a los jóvenes”.
“La evidencia sostiene que los productos novedosos (de consumo de tabaco y/o nicotina) son especialmente atractivos para niños, niñas y adolescentes, y su introducción en el mercado tiene el potencial de conducir a la iniciación tabáquica en jóvenes y adultos no fumadores, amenazando los logros ya obtenidos en materia de control de tabaco mediante las políticas públicas previamente implementadas”, remarca Castelli.
El funcionario explica cómo los nuevos productos de tabaco están impactando en la población más joven: “Si bien en Argentina hay una tendencia descendente en la prevalencia de consumo de cigarrillos entre los adolescentes de 13 a 15 años, que pasó del 24,5 por ciento en 2007 al 18 por ciento en 2018, dicho descenso no es tal cuando se considera la sustitución por cigarrillos electrónicos, que alcanzó en forma exclusiva al 3 por ciento de los adolescentes, lo que llevaría la prevalencia total del año 2018 al 21 por ciento”.
Cambio de narrativa
Tras varios años de negarlo, las dos grandes tabacalera sa radicadas en Argentina –Phillip Morris Internacional y British American Tobacco– admitieron que estos nuevo productos no tienen como propósito que la persona deje de fumar, sino brindar alternativas “menos riesgosas” para sus clientes. Se trata de un cambio de narrativa de las tabacaleras, que dejaron de promocionarlos como productos de “cesación” y los re catalogaron como “reductores de daño”.
En ese sentido, la delegación argentina de Philip Morris Internacional (PMi) puntualizó respecto de sus planes para el futuro: “Tenemos el objetivo de brindar alternativas libres de humo a los fumadores adultos. En 2020, PMI invirtió 495 millones de dólares en gastos de investigación y desarrollo, de los cuales casi el 100 por ciento se dedicaron a productos libres de humo”.
Philip Morris desarrolla el dispositivo de consumo de tabaco sin combustión IQOS. Para la tabacalera, “en aquellos mercados en los que IQOS ya está siendo comercializado, la iniciación de jóvenes y no fumadores es baja: el principal índice de iniciación es entre actuales fumadores de cigarrillo convencional”, aclarando que es un producto destinado “a los fumadores que no tienen intención de dejar de fumar, (alentándolos) a cambiar a alternativas menos dañinas”.
La British American Tobacco (BAT), por su parte, desarrolla el dispositivo Vuse, según se informa en la página web del producto para España. Al ser consultada para este informe, BAT dijo: “Los productos de vapeo funcionan con baterías y calientan una solución de nicotina para generar un aerosol (el ‘vapor’) que inhala el usuario”. Así, la tabacalera admitió que lo que generan estos dispositivos es un aerosol de nicotina, no un vapor, aunque sean utilizados como sinónimos.
Para reforzar el discurso de “reducción de daño”, la tabacalera agregó: “En el mundo de la salud pública, la reducción de riesgos consiste en desarrollar políticas para tratar de minimizar el impacto negativo de una actividad sin necesidad de renunciar a ella completamente. Con el tabaco, esto significa ofrecer alternativas menos riesgosas a los cigarrillos para aquellos fumadores que no puedan o decidan no dejar de fumar”.
En un mismo sentido se expresó PMI: “La utilización de alternativas sin combustión no son terapias de cesación sino una alternativa de riesgo reducido para los fumadores adultos que de otra manera continuarían fumando”.
Falsedad
Guillermo Paraje, economista argentino experto en tabaquismo, sale al cruce del discurso de las tabacaleras: “Esta declaración de ‘un mundo sin humo’ que hacen las tabacaleras es totalmente falsa: promueven agresivamente, sobre todo los más jóvenes, el consumo de tabaco de variadas maneras”.
Y en un mismo sentido, remarca: “Un adicto no decide cuándo consumir y la nicotina es una de las sustancias más adictivas que se conocen, por lo que un fumador pierde su libertad individual respecto de la decisión de consumir o dejar de hacerlo”.
Para María Elisabet Pizarro, directora de la Fundación Interamericana del Corazón, “la utilización de la nicotina en cualquier forma sostiene la adicción del paciente, ya que hay evidencia que los sistema de suministro de nicotina lo exponen a perpetuarse en la adicción”. Por eso mismo, dice, “hay que desmitificar los estudios que hablan de una reducción de daño (porque) la evidencia dice que no hay concentración de partículas de nicotina segura”.
En esa línea argumentativa, Carolina Tamagnini, directora ejecutiva de la Fundación para el desarrollo de políticas sustentables (Fundeps), agrega plantea que ante la ausencia de regulaciones efectivas, los “nuevos productos” podrían llegar a crear una “nueva generación” de consumidoras y consumidores de nicotina y tabaco. “Consecuentemente, la promoción del cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado pueden llegar a deteriorar los avances logrados en el combate contra esta epidemia”.
Lobby tabacalero
Este es el contexto en el que toma trascendencia el poder del lobby tabacalero y las implicancias concretas que tiene esta acción en las políticas públicas de salud.
Un análisis del Registro Único de Audiencias del Ministerio de Interior de la Nación reveló que desde septiembre de 2016, algún vocero de la industria tabacalera se reunió cada 45 días con alguna autoridad nacional, generalmente para reclamar rebaja de impuestos o subsidios, pero también para plantear un pedido concreto: que se habilite la comercialización de cigarrillos electrónicos.
Este relevamiento determinó que hasta marzo de este año se celebraron 37 audiencias en despachos oficiales en las que voceros de la industria del tabaco expusieron y/o trataron temas vinculados a esa industria. En total, asistieron 42 integrantes del staff ejecutivo de las franquicias locales de Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) y otros voceros de esta industria.
A esta serie se suman ocho encuentros que voceros de dos asociaciones que actúan en tándem con las tabacaleras mantuvieron con altos funcionarios nacionales, entre ellos el canciller y el secretario General de Presidencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, reuniones a las que asistieron 11 representantes.
En contraparte, los representantes de la sociedad civil que advierten respecto de las graves consecuencias que está generando esta epidemia apenas lograron acceder a ocho reuniones con funcionarias y funcionarios nacionales, encuentros en los que participaron seis activistas.
En las reuniones entre autoridades nacionales e integrantes de la industria tabacalera, al menos tres empresarios y dos ejecutivos hicieron planteos con el propósito de que se revierta la prohibición de la comercialización de dispositivos de consumo de nicotina. El uso de estos aparatos es una fuerte apuesta de las tabacaleras.
En este sentido, PMI dijo que “lleva invertidos más de 9.000 millones de dólares desde 2008 para crear capacidades de investigación científica, desarrollo y tecnología para sus alternativas al cigarrillo”; mientras que BAT apuntó, respecto de su estrategia, que “a nivel global está desplazando sus fuentes de ingresos, (para convertirse) en una empresa que se define no por el producto que vende, sino por las necesidades del consumidor que satisface”.
El el 6 de junio de 2018 la British American Tobacco Argentina (BAT) camufló su pedido ante las autoridades sanitarias para comercializar sus nuevos productos en Argentina: Santiago Pezzati, por entonces director de Asuntos Legales de , y Nicolás Beverati, gerente de Asuntos Gubernamentales de la misma tabacalera, llegaron al Ministerio de Salud para “consultar respecto al ordenamiento jurídico aplicable a nuevos productos que la empresa se encuentra comercializando en otros países”.
Autoridades del Ministerio de Salud expresaron en esa reunión que “la evidencia científica objetiva e independiente no ha demostrado que estos nuevos productos sean menos nocivos para la salud que los productos de tabaco convencionales”.
Cuando se le consultó a BAT si sus representantes habían solicitado al Estado argentino cambios en la legislación respecto del cigarrillo electrónico, la tabacalera lo negó: “No hemos tenido oportunidad de reunirnos y plantear nuestro punto de vista a las autoridades respecto a la legislación de productos de esta nueva categoría”, dijo la tabacalera.
Este entramado de ejecutivos y voceros de la industria tabacaleras confluye en despachos oficiales y actividades estatales con el propósito, según surge de registros oficiales y expedientes judiciales, de reclamar por la “presión impositiva” a los cigarrillos tradicionales –considerada por expertos como la acción más efectiva para desalentar su consumo– y solicitar a las autoridades que se habilite la comercialización de los nuevos productos de consumo de nicotina, la epidemia del futuro.
*Este contenido cuenta con el apoyo financiero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) en nombre de STOP, una iniciativa de monitoreo de la industria tabacalera a nivel global; y de Fundeps. El contenido es completamente independiente desde el punto de vista editorial.
