El plan para abortar el proceso secesionista en Cataluña fija unas elecciones anticipadas para enero, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la oposición socialista en torno a las medidas que se adoptarán para intervenir en la norteña región al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Así lo afirmó hoy la ex ministra socialista Carmen Calvo, quien encabeza las negociaciones del Partido Socialista (PSOE) con el Ejecutivo español respecto a Cataluña.
“El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro desde el minuto uno que esto tiene que llevar a Cataluña a unas elecciones”, dijo Calvo en declaraciones al canal TVE, tras ratificar que enero -sin más especificaciones- es la fecha que fija el acuerdo entre su partido y el gobierno español, como adelantó la prensa.
No obstante, hasta que se aprueben las medidas de intervención en el Senado, el presidente catalán, Carles Puigdemont, todavía tienen en sus manos la posibilidad de convocar elecciones, algo que “le pedimos que haga”, añadió Calvo. De lo contrario, la dirigente socialista respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, según subrayó, “no tiene un carácter punitivo ni supone la suspensión de la autonomía de Cataluña”, sino que “tiene que ver con la reposición de la legalidad constitucional y estatutaria que rompieron los secesionistas”.
Leyes
“Queremos que no se toquen las leyes de Cataluña, que Cataluña se siga sintiendo cómoda en su autogobierno y lo que queremos es llevar a la sociedad catalana a un espacio de normalidad que le permita hablar en las urnas”, remarcó. Por otro lado, Calvo adelantó que las medidas, que pretenden ser mínimas, “evidentemente” podrían afectar a la policía catalana, a la televisión pública regional TV-3.
La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña era el objetivo que se plantea como salida desde que se empezó a estudiar la aplicación del polémico articulo 155, que permite al gobierno central tomar medidas excepcionales para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones si no lo hace o está en juego el interés general. Antes del referéndum del 1 de octubre, que los secesionistas celebraron pese a que que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, el partido liberal Ciudadanos, que también apoya la intervención del gobierno de Rajoy, ya exigía actuar al amparo del artículo 155 con esa única finalidad, argumentando que era la “salida democrática” al conflicto.
