Colombia vivió este jueves una de las jornadas más violentas de los últimos meses, con dos atentados que golpearon a la fuerza pública y a la población civil. Un helicóptero policial fue derribado en Antioquia y, horas después, un camión cargado con explosivos estalló frente a una base aérea en Cali. El saldo oficial es de 18 muertos y 65 heridos.
El primer ataque ocurrió en la zona rural de El Chispero, en Amalfi, departamento de Antioquia. Allí, 12 policías antidrogas perdieron la vida cuando el helicóptero en el que se desplazaban fue atacado mientras participaban de una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Horas más tarde, la violencia se trasladó al suroeste del país. En Cali, un vehículo con explosivos fue detonado frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en plena Carrera Octava, una avenida comercial de la ciudad. La explosión mató a seis personas y dejó más de 60 heridos, en su mayoría transeúntes civiles. La onda expansiva provocó graves daños materiales y desató el pánico en la zona.
Disidentes de las FARC
Las autoridades detuvieron en el lugar a un hombre señalado como integrante del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC. El presidente Gustavo Petro lo identificó en redes sociales como “Sebastián”, miembro de una estructura armada subordinada a alias “Marlon”.
En un acto público en Valledupar, Petro responsabilizó directamente a la llamada “Junta del Narcotráfico”, una red que, según definió, integra a disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y a la Segunda Marquetalia. “Son organizaciones terroristas que deben ser perseguidas en cualquier lugar del planeta”, afirmó. El mandatario advirtió además que estos grupos estarían detrás de otros hechos de violencia, incluido el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
La vicepresidenta Francia Márquez calificó el atentado en Cali como “un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, mientras que la defensora del pueblo, Iris Marín, lo consideró una “infracción clara al Derecho Internacional Humanitario por atacar a civiles”.
El presidente se trasladó de inmediato a Cali junto con la cúpula militar y, según trascendió en medios locales, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción que habilita al Ejecutivo a tomar decisiones extraordinarias en materia de seguridad.
El impacto político fue inmediato. El expresidente Iván Duque exigió “autoridad y firmeza” para evitar que el terrorismo “vuelva a adueñarse del destino del país”. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió implementar una política de seguridad “efectiva” y dar a las Fuerzas Armadas “liderazgo, presupuesto y apoyo”.
Pronunciamiento
Desde Naciones Unidas también llegó un pronunciamiento: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia condenó el “ataque indiscriminado” y reclamó atención urgente a las víctimas y una investigación que garantice justicia.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sostuvo que “el terrorismo no nos va a vencer” e hizo un llamado a la unidad nacional.
Con estos atentados, Colombia vuelve a enfrentar un escenario de máxima tensión, donde el recrudecimiento de la violencia obliga al Gobierno a acelerar definiciones en materia de seguridad y a responder a una ciudadanía que reclama paz y protección.
