En un encuentro de más de dos horas en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora recibió a representantes de instituciones que trabajan con discapacidad y anunció un aporte extraordinario de 450 millones de pesos. La medida busca paliar la crisis terminal que atraviesan entidades como el Cottolengo Don Orione, Apadim e IRAM, asfixiadas por la falta de pagos de PAMI y el programa nacional Incluir Salud.
Un fondo de emergencia para sobrevivir Originalmente, el Fondo de Emergencia para la Discapacidad estaba destinado a proyectos de innovación e infraestructura. Sin embargo, ante la gravedad del escenario, Llaryora decidió cambiar su finalidad: “He tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis”, explicó el mandatario.
Los fondos se destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y, en aquellos casos donde se brinda doble jornada, a cubrir un complemento alimentario para los beneficiarios.
El reclamo a la Casa Rosada Tanto el gobernador como la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, fueron tajantes al señalar a los responsables de la situación. “Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará. Las provincias y municipios no pueden reemplazarlo todo eternamente”, advirtió Llaryora.
Por su parte, Montero calificó el desfinanciamiento nacional como un “verdadero descuartizamiento de la salud pública”, recordando que PAMI e Incluir Salud son los organismos que legalmente deben garantizar estos pagos.
Instituciones al límite La realidad descrita por los representantes del sector es desesperante. Grandes asociaciones que tienen a su cargo a más de 100 personas dejaron de percibir los aportes nacionales, lo que pone en riesgo no solo la atención terapéutica, sino la alimentación básica de los internos.
A pesar de que el Fondo Provincial de Inclusión Social incrementó su inversión este año a 4.500 millones de pesos para capacitación y autonomía, este nuevo refuerzo de 450 millones aparece como un «oxígeno» indispensable para evitar el cierre masivo de centros de atención en Córdoba.
