Más de $10.500.000. Ese es el valor aproximado del equipamiento de protección personal que necesita un solo bombero para ingresar a un incendio estructural, según difundió la federación de bomberos en un comunicado reciente. Casco, botas, guantes, equipo de respiración autónoma, capucha («monja») y traje estructural completo: cada pieza cumple una función específica para proteger la vida de quien arriesga la suya para proteger la de los demás.
La cifra no es un dato aislado. Se conoce en medio de un conflicto que viene escalando desde hace meses entre las federaciones de bomberos voluntarios de todo el país y el Gobierno nacional, por la falta de transferencia de fondos que la ley destina específicamente al sistema.
Un equipamiento que se volvió inalcanzable
El monto difundido corresponde solo al equipamiento estructural, el que se usa para incendios en viviendas, comercios o edificios. La federación adelantó que en una próxima publicación dará a conocer el costo del equipamiento forestal, el que se utiliza para combatir incendios de vegetación y campo. Como referencia, la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut había señalado meses atrás que, como mínimo, vestir a un bombero con un traje forestal completo ronda los $5.000.000.
Se trata de sumas que superan ampliamente la capacidad de los cuarteles para renovar equipamiento con recursos propios, sobre todo en un contexto donde gran parte del financiamiento depende de un fondo específico creado por ley y que, según denuncian las asociaciones, no se está transfiriendo en tiempo y forma.
El trasfondo: meses de reclamos y «sirenazos» en todo el país
Detrás de este comunicado hay un conflicto de fondo que las federaciones vienen visibilizando desde hace semanas. El financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios está regulado por la Ley Nacional N.º 25.054, modificada por la Ley N.º 27.629, que establece un aporte obligatorio equivalente al 0,5% de las primas de seguros cobradas por las aseguradoras, destinado exclusivamente a sostener a las asociaciones. No son subsidios extraordinarios ni fondos del Tesoro: es dinero ya recaudado con ese fin específico.
Según denuncian distintas federaciones provinciales, buena parte de esos recursos permanece retenida. En Salta, el jefe del cuartel Martín Miguel de Güemes advirtió sobre una deuda cercana a los $60.000 millones. En Mendoza, desde el cuartel de Salto de las Rosas se habló de unos $71.000 millones no distribuidos pese a estar contemplados por ley. En Buenos Aires, un proyecto presentado en la Legislatura provincial alertó que la falta de transferencias compromete la operatividad de las casi 300 sedes que sostienen a los 17.500 bomberos y bomberas bonaerenses.
El reclamo se tradujo en una serie de protestas coordinadas bajo la modalidad de «sirenazo»: las sirenas de los cuarteles suenan durante unos minutos, no para alertar sobre una emergencia, sino para visibilizar el conflicto ante la comunidad. La medida se replicó en Córdoba, Tucumán, Mendoza y otras provincias durante julio de 2026, en algunos casos acompañada de restricciones en los servicios que los cuarteles prestan fuera de sus áreas de cobertura directa.
En Tucumán, por ejemplo, la Federación 3 de Junio explicó que ante la falta de respuestas oficiales los cuarteles dejarían de colaborar fuera de su zona, reclamando el cumplimiento de una ley provincial que destina recursos específicos a equipamiento e insumos. Representantes de federaciones de varias provincias llevaron además el reclamo a la Cámara de Diputados, donde también señalaron trabas impositivas y burocráticas para importar equipamiento desde el exterior.
El propio Gobierno nacional reconoció parte del problema: en enero, en medio de los grandes incendios forestales que afectaron a la Patagonia, anunció una transferencia de más de $100.000 millones a las asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Sin embargo, desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut aclararon que no se trataba de un aporte extraordinario, sino de fondos adeudados correspondientes al ejercicio 2025.
Una ecuación que no cierra
El cruce de estos dos datos —el costo real de equipar a un solo bombero y los montos que las federaciones reclaman como adeudados— pinta un panorama claro: mientras el valor del equipamiento de protección personal se mide en millones de pesos por persona, buena parte del sistema depende de un financiamiento que, según denuncian sus propios protagonistas, no llega completo ni a tiempo.
Para los cuarteles, esto no es un tecnicismo administrativo. Es la diferencia entre poder renovar un traje estructural vencido o mandar a un voluntario a una emergencia con equipamiento que ya no ofrece la protección que debería. Por eso, detrás de cada sirenazo y de cada comunicado con cifras como el de esta publicación, hay un mismo pedido: que los fondos creados específicamente por ley para sostener al sistema de bomberos voluntarios lleguen de manera completa y previsible.
Próximamente, la federación dará a conocer el costo del equipamiento forestal completo.
