El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Córdoba llevará a cabo el primer censo de la población trans, en el cual evaluarán el acceso que tienen a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad. En un paso previo habrá un censo similar en la administración pública.
En tal sentido, se realizó este miércoles el taller “Derechos humanos, géneros y diversidad sexual” para los directores de Recursos Humanos de las diferentes áreas de la gestión pública y sus asesores. La capacitación fue dictada por Alejandra Navarro, docente y referente de la Casa Trans de Córdoba, y Alejandro Escudero Salama, subdirector de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la Discriminación.
En la primera etapa de ese censo anunciado en mayo por Luis Angulo, titular de Justicia y Derechos Humanos, se realizará un prepadrón que sirva para identificar a la población trans dentro de la administración pública y también a destinatarios de políticas públicas. Tiene como objetivo direccionar los recursos a diferentes áreas de la provincia.
“Nos paramos desde la idea de que los derechos de la población LGTBIQ+ son derechos humanos y no derechos especiales. Pero justamente no pueden acceder a sus derechos, por pertenecer a una determinada población”, dijo Escudero.
El taller tuvo como fin desarmar nociones que operan desde el sentido común, heteronormativas y binarias, que llevan a responder con conductas discriminatorias. Por eso trabajaron desde cuatro ejes: expresividad, diversidad corporal, identidad de género y orientación sexual.
