El femicidio de Andrea Castana, ocurrido el 11 de marzo de 2015 en el Cerro La Cruz de Villa Carlos Paz, sigue impune tras una década de investigación.
Ante la falta de avances significativos en la causa, la concejal del PRO, Noelia García Roñoni, presentó un proyecto de ordenanza que busca ampliar la difusión del caso con el objetivo de obtener información clave que permita esclarecer el crimen.
La iniciativa propone la colocación de afiches en todos los edificios públicos y dependencias municipales con la imagen de Andrea Castana con datos específicos de contacto con la fiscalía, recordando la recompensa vigente de la recompensa vigente a quien aporte información certera que permita determinar la identidad del o los responsables de este luctuoso caso.
En los vistos y considerando, García Roñoni el caso de Andrea Castana sacudió a toda la comunidad carlospacense y reveló un patrón de delitos similares en los senderos del Cerro La Cruz, incluyendo violaciones y homicidios sin resolver.
La investigación actual se basa en la hipótesis de que un violador serial sería el responsable del crimen, luego de que un análisis genético vinculara el ADN encontrado en el cuerpo de Andrea con el de otra víctima de abuso en 2004, ocurrida en el mismo sector y con el mismo modus operandi.
El impacto del caso trascendió las fronteras y logró la intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que colabora en un proceso de genealogía genética para rastrear al agresor. A pesar de estos esfuerzos, el avance de la investigación sigue siendo limitado, y gran parte de la sociedad aún sostiene teorías alternativas sobre la autoría del crimen.
Proyecto
El proyecto de ordenanza establece en su artículo 1 la necesidad de dar a difusión en todos los edificios públicos y dependencias municipales, afiches con la foto de víctima, la dirección de la fiscalía donde poder aportar información importante sobre el caso, y el monto de la recompensa a cambio de la misma, que al día de la fecha de la presente ordenanza asciende a $10.000.000 (diez millones de pesos). También, comunicar que se siguen tomando muestras genéticas de ADN de manera voluntaria para todos aquellos interesados en aportar al caso.
En su artículo 2, propone crear una campaña de difusión por medios de comunicación tradicionales (radio, diarios, televisión) y medios electrónicos, sobre la localización de la dependencia judicial a la cual puede brindarse información sobre el caso, o bien el número telefónico pertinente.
Por último, establece en su artículo 3 que la duración de la mencionada campaña sea durante “el mes de marzo y abril de cada año a partir del corriente 2025, hasta tanto la justicia logre resolver el caso”.
