Los medios hicieron foco esta semana en un operativo que fue encabezado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) en Villa Carlos Paz. Se pensó, en un principio, que se trataba de controles que buscaban combatir el alquiler informal temporario, como se había anticipado en diciembre pasado luego de que se conformara una comisión mixta integrada por miembros del Gobierno, Afip, Rentas y otros organismos.
Pero este jueves, representantes del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba advirtieron que se trató de una “operación” del CPI en el medio de una disputa que se lleva adelante en toda la provincia de Córdoba por la afiliación de nuevos agentes.
Romina Pagani, representante de éste último organismo, aseguró: “Queremos advertir que no somos ilegales y que, en realidad, hay dos colegios en la provincia de Córdoba. El Colegio de Martilleros Corredores Públicos, ley 7191, y otro es un colegio que de inmobiliarias, nada mas”.
“La carrera universitaria es una sola y se otorga el título de Martillero Corredor Público. No existe la especialidad sino que existe el género. Es como ser abogado y no hay un colegio de penalistas o de familia”, expresó Pagani que agregó: “Hace 10 años que se creó el CPI que busca dividir la profesión. En realidad, la profesión no se divide porque es una sola, hay una sola matrícula y una sola carrera”.
“La Muni, una víctima”
“A mi criterio, la Municipalidad fue una víctima de la gente de CPI porque la Municipalidad no tiene poder de policía para actuar y controlar si alguien que ejecerce la actividad tiene matricula o no.”, expresó Pagani y agregó: “Es denigrante que CPI se haya aprovechado de la Municipalidad y sacara fotos con el auto fiscalizador de ellos con autos del municipios”.
Y criticó: “Si se quiere fiscalizar que se haga con los ilegales. Y los ilegales son todas las franquicias Remax, y ellos mismos tienen matriculados que trabajan con Remax´. Estos son ilegales porque la ley argentina no permite franquiciar la profesión”.
En este punto, remarcó: “Ellos deberían actuar sobre esos ilegales, con los arbolitos que están en la calle y alguien que trabaje en sistema y ver cuántos ilegales hay detrás de las redes sociales. Las grandes estafas vienen por las redes sociales”.
Pagani aseveró que la inspección del CPI buscó “desprestigiar a nuestro Colegio publicitando en una página de ellos fotos de otras inmobiliarias habilitadas, registradas con su oblea y su cuota al día”. Y dijo: ”Es un problema que hace 10 años venimos sufriendo”.
Agregó, además, que este viernes se reunieron con el secretario de Turismo, Sebastían Boldrini y el secretario de Gobierno, Darío Zeino. “Tuvimos una buena respuesta de los funcionarios que nos escucharon, nos entendieron y planteamos trabajar en conjunto.
