La denuncia de las prestaciones ilegales fue impulsada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE). El procedimiento se hizo en dos lugares de estas localidades del centro de Punilla.

Personal de la Policía de Córdoba, realizó en las últimas horas, dos allanamientos, uno en la ciudad de La Falda y el otro en Villa Giardino, en el marco de una causa en la que se investiga supuestas prestaciones ilegales de servicios contables por parte de una persona sin título ni matricula profesional.

Según informó La Estafeta Online, la denuncia la hizo hace seis años atrás el CPCE, donde apuntó que un hombre ejercía de manera ilegal la profesión de contador y brindaba servicios económicos, como liquidaciones de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El comunicado que difundió la entidad señala que estas actividades de acuerdo a lo dispuesto “por la Ley 20.488, resultan de incumbencia exclusiva de las profesiones de ciencias económicas, para cuyo ejercicio se requiere poseer título universitario de contador público y matrícula profesional habilitante”.

En los allanamientos se secuestraron carpetas con documentación y dos CPU con información de los clientes del supuesto contador.

La delegada titular del CPCE Córdoba, María del Carmen Juri, destacó que para los contadores matriculados “cuesta muchísimo competir con los honorarios que fijan estas personas que no tienen un encuadre, no pagan matrícula y cobran cualquier cosa. En la zona hay muchos que ejercen de oído. Generalmente son secretarios de contadores que se van de las oficinas y siguen trabajando con lo que aprendieron del colega y ejercen ilegalmente”.

Apuntó que el riesgo para el cliente en estas situaciones, “es altísimo”, por ese motivo “es muy bueno que la Justicia actúe”. Y detalló que hay trabajos “que presentan estas personas que son lamentables y cuando llegan a las manos de un profesional se vuelven insalvables. Los riesgos impositivos son muy grandes porque no están capacitados y terminan cometiendo errores graves”.

Los procedimientos  fueron ordenados por el juez de Control de Cosquín, Carlos Machado, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de Paula Kelm.