La fiscal Bettina Croppi fue lapidaria al pedir la destitución de los tres fiscales que instruyeron la causa. Denunció una «desidia absoluta», falta de perspectiva de género y el ensañamiento con la familia Macarrón mientras el sospechoso «estaba frente a sus ojos».
El juicio político contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro entró este miércoles en su etapa de definiciones con un alegato de acusación que no dejó lugar a dudas. Para la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, los tres funcionarios deben ser removidos de sus cargos por negligencia grave y mal desempeño.
La exposición de Croppi no fue solo un repaso técnico, sino una crítica feroz al «daño institucional» que causaron 19 años de impunidad. Aquí, los puntos centrales de un pedido de destitución que sacude los cimientos de Tribunales:
El sospechoso ignorado: Roberto Bárzola
La fiscalía centró su acusación en la figura del parquetista. Según Croppi, Bárzola mintió tres veces sobre su ubicación la noche del crimen y se situó voluntariamente en la escena bajo una coartada que los registros de los barrios privados desmintieron. Lo más grave: existían 21 casetes con escuchas telefónicas del sospechoso que el fiscal Di Santo nunca mandó a transcribir ni escuchar.
Una investigación «sin perspectiva de género»
Croppi denunció que desde el primer día se buscó condenar moralmente a Nora Dalmasso. En lugar de buscar un asesino, la Fiscalía interrogó a decenas de testigos sobre la vestimenta, el maquillaje y la vida íntima de la víctima. «El rumor de los amantes nació en el quincho de la casa y salió de la propia Fiscalía», sentenció la acusadora.
El ensañamiento con Facundo y Marcelo Macarrón
Para la acusación, la imputación de Facundo Macarrón (el hijo) fue impulsada por prejuicios sobre su orientación sexual, mientras que las teorías contra el viudo fueron calificadas como «alocadas» y «descabelladas». Croppi fustigó a los fiscales por ignorar los informes del FBI que ya en 2011 pedían investigar a los obreros por el hallazgo de ADN desconocido en el cinto de la bata.
Un fracaso anunciado
La fiscalía remarcó que el fiscal Luis Pizarro elevó la causa a juicio por sicariato sin tener un solo nombre del supuesto asesino a sueldo, ni pruebas del pago, llevando al Poder Judicial al «fracaso anunciado» de la absolución masiva de 2022.
