En un giro determinante para la investigación que conmociona al norte cordobés, tres de los cuatro efectivos policiales denunciados por obligar a una mujer a exhibir fotos íntimas de su celular fueron pasados a situación pasiva.
La medida busca garantizar la transparencia del proceso mientras se esclarece el accionar de los uniformados durante un procedimiento en la localidad de San Francisco del Chañar.
Un procedimiento plagado de irregularidades
La causa, que se encuentra bajo la órbita de la fiscal Analía Cepede, tuvo su origen en una investigación por un robo ocurrido en diciembre. En ese marco, la mujer fue identificada como sospechosa, condición que, según la magistrada, otorga protecciones legales específicas sobre la privacidad que fueron vulneradas.
«Para acceder al contenido del celular de una persona sospechada, se debe pedir autorización al juez de control o de paz; solo así se está habilitado para ver el material», explicó la fiscal en declaraciones televisivas.
Cepede calificó el accionar como «irregular» desde el inicio, subrayando que incluso si la mujer hubiera aceptado mostrar el contenido voluntariamente, los policías no cuentan con la facultad legal para acceder a archivos privados sin orden judicial.
La salud de la víctima en el centro de la escena
El caso reviste una gravedad extrema debido al impacto emocional en la denunciante. Según se informó, tras el episodio con los efectivos —tres hombres y una mujer—, la presunta víctima sufrió una crisis que derivó en un intento de suicidio. Actualmente, la mujer permanece internada y recibe acompañamiento terapéutico constante.
Para resguardar su integridad, la fiscalía ordenó que la nueva declaración de la mujer se realice directamente en las oficinas judiciales y no en sedes policiales.
Posibles nuevas imputaciones
Más allá de la falta administrativa y la violación de protocolos, la Justicia advirtió que la causa podría agravarse.
«Lo que resulta aberrante es que se hayan focalizado en cuestiones de intimidad que no tenían relación alguna con el robo investigado», sentenció Cepede.
Asimismo, adelantó que si las pericias médicas confirman secuelas psicológicas o físicas permanentes derivadas del procedimiento, la imputación contra los efectivos podría derivar en delitos de lesiones leves, graves o gravísimas.
Fuente: Eldoce.tv.
