Tras varias semanas de audiencias, en una agotadora jornada el tribunal compuesto por cuatro legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia decidió por unanimidad destituir a tres de los fiscales que actuaron en distintos momentos en el caso por el crimen de Nora Dalmasso ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.
La justicia cordobesa vivió este miércoles una jornada sin precedentes. Tras una maratónica audiencia de 14 horas, el Jury de Enjuiciamiento dictó la destitución inmediata de los fiscales Javier Di Santo (a cargo entre 2006 y 2015), Daniel Miralles (2016-2017) y Luis Pizarro (2017-2019).
El fallo, firmado por unanimidad, les atribuyó «negligencia grave» y «mal desempeño», sumando además la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en el Poder Judicial de la provincia. Es la primera vez en la historia de Córdoba que tres funcionarios de este rango son removidos en un mismo proceso.
El peso del alegato acusador
La fiscal general adjunta, Bettina Croppi, fue el motor de la acusación. En un alegato de dos horas, planteó como eje central la revictimización de Nora Dalmasso, a quien se trató sin perspectiva de género. Croppi denunció que la difusión de rumores sobre la intimidad de la víctima surgió de la propia Fiscalía, vulnerando derechos fundamentales y desviando la investigación desde el «minuto cero».
Para la acusación, los fiscales omitieron pruebas que hoy resultan centrales: la pista del parquetista Roberto Bárzola. Mientras la fiscalía perseguía a la familia o al «perejil» Zárate, la prueba genética que finalmente identificó a Bárzola a fines de 2024 (un pelo en el pubis y ADN en el cinto de la bata) estuvo siempre al alcance de una investigación profesional que nunca llegó.
Un abrazo que esperó dos décadas
Al escucharse la sentencia, el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, se fundieron en un abrazo en medio de la sala. Para ellos, el fallo de este tribunal —presidido por Julieta Rinaldi— representa el cierre de una etapa de persecución judicial y el reconocimiento oficial de que la justicia les falló.
Aunque el fallo es inapelable según la normativa vigente, las defensas de los ahora ex fiscales podrían recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No obstante, la separación del cargo es efectiva desde este mismo momento.
La última batalla: la prescripción
A pesar de la destitución de los fiscales, el caso enfrenta un muro legal. En octubre de 2025, la Cámara de Río Cuarto benefició a Bárzola con la prescripción de la causa, argumentando que ya transcurrieron los 15 años que marca la ley para este tipo de delitos.
El tribunal rechazó el argumento de que el plazo debió suspenderse mientras los Macarrón estaban imputados y no podían actuar como querellantes. Ahora, la última esperanza de la familia reside en el Tribunal Superior de Justicia, donde esperan que se siente un precedente que permita juzgar al asesino material, a pesar del tiempo transcurrido por la inacción judicial que hoy terminó con tres fiscales destituidos.
