El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Sergio Brodsky, dijo que los datos requeridos a Odebrecht serán parte de la información que la IGJ entregará antes del lunes próximo al juez federal Sebastián Casanello.
El juez está a cargo de la causa que investiga el contrato para la construcción de las plantas potabilizadoras de Aysa, para lo cual se presentó este lunes espontáneamente luego de que trascendiera en los medios una denuncia realizada por la diputada Margarita Stolbizer sobre el extravío de documentación de la IGJ en ese expediente.
Además, en el marco del análisis de los legajos de Odebrecht Argentina surgió también que, si bien el balance correspondiente al 2014 de la empresa “fue presentado y aprobado, no se advierte allí ninguna actividad de obra pública, cuando, por lo que se puede leer en las noticias ya tenía adjudicaciones”, indicó el titular de la IGJ.
En ese marco, detalló además que la constructora brasileña opera en el país con dos estructuras paralelas, una de ellas Odebrecht Argentina y, la otra, sucursal de la casa matriz.
En relación al legajo correspondiente a la sucursal argentina de Odebrecht brasileña, Brodsky señaló que “en principio estaría en regla”, aunque detalló que “el balance de 2015 está en estudio y aún no fue aprobado a raíz de salvedades planteadas por los auditores en función de las cuales se podría realizar un pedido de aclaración” a la compañía.
“Intimamos a Odebrecht Argentina a presentar sus balances 2015 y 2016, para lo cual tiene un plazo de 20 días hábiles”, aseveró Brodsky en declaraciones a Télam, en las que indicó que, a partir de la denuncia presentada por la diputada Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, el organismo fue al legajo de la sociedad para “constatar su situación” y detectó el faltante de los dos balances.
En ese marco, y tras conocerse la pérdida y la posterior recuperación del trámite de Régimen Informativo Anual Abreviado correspondiente a la empresa constructora Odebrecht por parte de la Inspección General de Justicia, el organismo se presentó ante Casanello para ponerse a disposición, tras lo cual el magistrado remitió ayer “una requisitoria formal del legajo de Odebrecht”, consignó Brodsky.
“Toda la información que podamos tener va a ser aportada a la Justicia”, garantizó Brodsky, quien indicó que, “en paralelo” a la documentación que antes del lunes presentarán ante el juzgado de Casanello, el organismo va a continuar “con estas intimaciones” y, en función de las respuestas, remitir también esa información a la Justicia.
Si bien el titular de la IGJ señaló que Odebrecht Argentina es una de las “500 mil sociedades de este tipo” registradas ante el organismo -con un capital inferior a los 10 millones de pesos- y que, por ende, la fiscalización que puede ejercer el organismo “es muy limitada por una cuestión material y humana”, por otro lado remarcó la “transparencia” que la gestión de Cambiemos procura darle a la Inspección General de Justicia.
“Todo esto se sabe porque, desde que asumimos, lo primero que hicimos fue derogar la resolución que impedía el acceso a la información desde el 2012, una restricción implementada por (Norberto) Berner y mantenida luego por (el ahora diputado nacional Rodolfo) Tailhade”, destacó Brodsky, quien remarcó que, a diferencia de lo que ocurría durante la gestión anterior, del Frente para la Victoria, actualmente, “la información de la IGJ es pública y está accesible a todo ciudadano”.
En el marco de las revelaciones vinculadas con la causa conocida en Brasil con el nombre de Lava Jato, la empresa constructora Odebrecht quedó en el medio de la escena luego de reconocer multimillonarios sobornos vinculados con la realización de obras públicas tanto en ese país como en otros del continente, incluida Argentina.
De hecho, ante la Justicia de los Estados Unidos la compañía aseguró haber pagado 35 millones de dólares por coimas en la Argentina entre 2007 y 2014.
Parte de esa información será remitida por la Procuración General de Brasil a la de Argentina a partir del jueves, cuando venza el plazo que había sido fijado para que la empresa negociara en los distintos países las condiciones para ofrecer datos sobre corrupción.
En paralelo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, realiza tratativas con los abogados de la empresa para que brinde información a la Oficina Anticorrupción para que ésta, a su vez, la entregue a la Justicia ante lo que entienden es la “inacción” de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, frente a este tipo de investigaciones.
