La Municipalidad de La Calera confirmó en las últimas horas un caso grave de ejercicio ilegal de la medicina: dos personas se desempeñaban como médicos en centros de salud municipales sin contar con título habilitante. El caso fue detectado tras una auditoría interna que reveló documentación falsa y disparó la inmediata desvinculación de los implicados, además de denuncias penales ante la Justicia.
Los falsos profesionales fueron identificados como Matías Joel Ríos (34) y Dalma Jimena Viglione (34). Según fuentes oficiales, ambos habrían prestado servicios como supuestos médicos en los dispensarios de los barrios Dr. Cocca y La Campana, a través de contrataciones bajo la figura de monotributistas. Presentaron papeles apócrifos para acreditar estudios en medicina que nunca cursaron.
La situación generó una fuerte conmoción entre los vecinos y trabajadores del sistema de salud, quienes confiaban en la idoneidad de los profesionales que prestan servicio en los centros municipales. Fueron justamente empleados del área quienes encendieron la alarma al detectar inconsistencias en los datos presentados por los acusados. A partir de allí, se inició un proceso de verificación que terminó con el descubrimiento del fraude.
El municipio informó que ambos fueron separados de inmediato de sus funciones y que ya se presentaron las denuncias penales correspondientes por falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina. Además, se radicó una denuncia formal ante el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba.
El intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, expresó su preocupación por lo sucedido y aseguró que el hecho fue detectado como parte de una auditoría interna llevada a cabo para revisar el cumplimiento de requisitos en áreas sensibles como Salud. “Vamos a reforzar todos los mecanismos de control. La salud pública no puede estar en manos de personas sin formación ni ética”, afirmó el mandatario en declaraciones a medios locales.
Este escándalo se suma a otros episodios recientes en Córdoba vinculados a personas que ejercían la medicina sin estar matriculadas, lo que reaviva el debate sobre los mecanismos de control y validación en el sistema sanitario provincial.
Por el momento, se evalúa si los imputados realizaron diagnósticos, tratamientos o recetaron medicamentos que puedan haber comprometido la salud de los pacientes. Las causas judiciales quedarán a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar responsabilidades penales.
Mientras tanto, desde el municipio se aclaró que los dispensarios involucrados continúan funcionando con normalidad, bajo la supervisión de profesionales debidamente acreditados.
