El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un nuevo paquete de medidas que apunta a incorporar al circuito legal los llamados “dólares colchón”, es decir, los ahorros en moneda extranjera que muchos argentinos mantienen fuera del sistema bancario. La iniciativa, que el Gobierno presentó como un “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, permitirá a partir del 1° de junio utilizar esos fondos sin la obligación de informar su procedencia.

Según explicó Caputo, el objetivo es facilitar que esos dólares puedan ser destinados a consumos, inversiones y operaciones cotidianas, eliminando las trabas burocráticas y los temores fiscales que históricamente desalentaron a muchos ciudadanos a declararlos. “Tus dólares, tu decisión”, fue el lema con el que resumió la medida.

Qué se podrá hacer a partir de ahora

A través de un decreto que será publicado en los próximos días, el Gobierno habilitará:

  • La utilización de dólares no declarados para consumos cotidianos, compras con tarjeta de crédito y débito, transferencias, compra de vehículos o inmuebles.
  • La posibilidad de ingresar esos fondos al sistema financiero sin riesgo de sanciones, inspecciones ni preguntas sobre su origen.
  • La eliminación de la obligación de declarar movimientos vinculados a esos dólares ante organismos como la AFIP o ARCA (la nueva agencia de control aduanero y fiscal).

El régimen no se considera un “blanqueo” en los términos clásicos, ya que no requerirá pagos especiales ni declaraciones juradas. Tampoco se exigirá exteriorizar los fondos para poder usarlos. En cambio, se trata de una autorización legal para que ese dinero se pueda gastar o mover sin consecuencias fiscales ni penales, algo inédito en el país.

Cuál es el objetivo del plan

Caputo fue enfático al señalar que se trata de una política orientada a remonetizar la economía, facilitar el movimiento de dinero y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de confianza a los ciudadanos que durante años eligieron no bancarizar sus ahorros.

“El argentino tiene una cultura del ahorro informal porque, históricamente, el Estado fue un enemigo de su esfuerzo. Nosotros venimos a reparar eso. Queremos que quien guardó sus dólares pueda usarlos sin miedo”, sostuvo el ministro en conferencia de prensa.

Según estimaciones privadas, los argentinos tendrían entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, ya sea en cajas de seguridad, propiedades o directamente “debajo del colchón”. El Gobierno cree que, al habilitar su uso sin trabas, parte de ese dinero podría canalizarse hacia el consumo, el crédito o incluso la inversión en bonos y cuentas a plazo.

¿Quiénes pueden acceder?

La medida alcanza a personas físicas y jurídicas que posean dólares no declarados en el país. No hay monto mínimo ni tope. Lo único que se exige es que los fondos no provengan de actividades ilícitas o estén vinculados a causas judiciales. Para evitar conflictos con normas internacionales, el Ministerio de Economía trabaja en coordinación con la Unidad de Información Financiera (UIF) y otros organismos de control.

Críticas y advertencias

Distintos especialistas advirtieron que, si bien la medida puede incentivar el ingreso de divisas al circuito formal, también podría generar preocupación entre organismos internacionales como el FMI o el GAFI, encargados de supervisar los estándares antilavado de dinero.

Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que no se eliminarán los controles sobre operaciones sospechosas, y que quienes usen los dólares en el marco de este plan deberán cumplir con las normas generales del sistema financiero.

Una nueva etapa

El proyecto incluye, además, el envío de una ley al Congreso para reforzar la validez legal del régimen y evitar futuras judicializaciones. “Queremos que el cambio sea estructural y duradero. Que los argentinos no vuelvan a esconder su dinero por miedo al Estado”, concluyó Caputo.

A partir del 1° de junio, con la publicación del decreto, el uso libre de dólares sin declarar su origen será una realidad. El desafío, según analistas, será ver cuánto de ese ahorro se transforma en consumo, inversión o dinamización de la economía, y cuánto sigue prefiriendo el resguardo fuera del sistema.