Pablo Jossen fue asesinado el 6 de marzo de 2002 en la habitación de un hotel sobre la calle Irigoyen. La fuerte estampida del disparo se escuchó en la vereda en esa madrugada templada en la que la temporada de verano ya daba paso a la tranquilidad pueblerina que se adueña de Carlos Paz cuando los turistas vuelven a sus lugares de origen.

Carlos Matheu era el único fiscal que tenía Carlos Paz en ese entonces. Se hizo cargo del caso y comenzó a tener problemas. Recibió amenazas de muerte de manera reiterada en su despacho de Tribunales y en su casa, en la ciudad de Córdoba.

La investigación comenzó y los principales indicios hablaban de un asesinato por encargo en el que habían participado varios hombres y cuyo fin era un ajuste de cuentas. Se habló de una suma de 14 mil dólares que habían desaparecido y que habrían estado en poder de Jossen esa noche trágica en el hotel de la calle Irigoyen. Por eso, otra de las hipótesis que se barajó fue un homicidio en ocasión de robo o, como se dice en la jerga de la delincuencia, una mejicaneada.

Sobre esa noche y esa madrugada se dijo mucho: entre otras cosas, que la policía había liberado la zona para que los sicarios se manejaran con tranquilidad por las calles de la ciudad.

El otro crimen

El mismo día en que fiscal Matheu había decidido interrogar a un testigo clave del caso Jossen, un adolescente de 15 años recibió un balazo en la cabeza en una callejón de barrio Las Rosas, en el sur de Carlos Paz. Se trataba de Ián Durán y, según lo que se conoció poco tiempo después, había accedido a información sobre el crimen de Jossen y lo mataron para silenciarlo. Ocurrió el 4 de junio de 2002 y luego de una corta agonía, Ián murió el 5 de junio.

Según se conoció después, el fiscal estaba librando la orden para interrogar a Ián el mismo día en que en otro sector de la ciudad mataban al joven.

Poco tiempo después, con amenazas reiteradas contra su vida y la de su familia, el fiscal Matheu pidió licencia psiquiátrica y nunca más volvería a cumplir sus funciones en Carlos Paz.

Alejandra Durán, la madre de Ián, hizo escuchar su voz en los medios cordobeses y hasta llegó a tocar el timbre de la casa del entonces gobernador José Manuel de la Sota, que vivía en Carlos Paz, para que interviniera desde el Poder Ejecutivo ante la situación crítica que vivía la institución policial en la Departamental Punilla, acusada de complicidad con la delincuencia y con la trama de la droga y la prostitución en Villa Carlos Paz.

Por el crimen de Ián Durán fueron detenidos un menor de edad y Alejandro “el Ale” García, a quien se lo involucró como el autor intelectual del hecho.

Los juicios

Por el caso Jossen se realizaron dos juicios. El primero para determinar la culpabilidad de los autores materiales del crimen en el que se condenó a cuatro hombres. Y el segundo fue para determinar la culpabilidad del autor intelectual del hecho, y en mayo de 2007, fue condenado Luis Reynaldo Mercante a 14 años de prisión.

En 2004, en tanto, un tribunal condenó a 24 años de prisión a Alejandro García por el crimen de Ián Durán, y como autor material a un joven que era menor al momento de cometer el crimen pero asimismo tuvo una condena ejemplar para la jurisprudencia argentina.

Tiempo después se realizó otro juicio para intentar vincular ambos hechos, el crimen de Pablo Jossen con el de Ián Durán. La idea de la querella, que encabezaba Alejandra Fernández, era determinar que el homicidio de Ián fue para tapar lo que éste sabía del caso Jossen. Pero el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para determinarlo.

¿Un antes y un después?

La frase “todo cambió para que nada cambie” apareció en afiche que la familia de Ián Durán pegó en las calles de la ciudad luego de la purga policial en la UR3 y de la llegada de nuevos fiscales a la villa.

El tiempo pasó pero los casos nunca se olvidaron como tampoco la sospecha de vinculación entre la fuerza policial y el ambiente delictivo en la ciudad de las marquesinas.

Pasaron los años y ocurrieron crímenes de otra naturaleza que dejaron la misma sensación de indefensión en la sociedad carlospacense.

Los crímenes de Andrea Castana y Hernán Sánchez siguen impunes y con una justicia que parece no mover un dedo para avanzar en su resolución. La familia del fotógrafo Hernán Sanchez, cuyo cuerpo fue encontrado el 13 de marzo de 2015, unas horas antes del hallazgo del de Andrea Castana en el Cerro de la Cruz, apeló la decisión del fiscal Ricardo Mazzuchi de archivar la causa por entender que se trató de un suicidio. Con los datos de una primera autopsia en la mano, los familiares de Hernán esperan que se reabra la investigación para determinar si las heridas encontradas en un costado de su cuerpo fueron causadas por un tercero.

Hace pocos días, volvió a escucharse el clamor por justicia por el crimen de Andrea Castana, causa en la que tras seis años no hubo ningún tipo de respuesta de la Justicia.

Fotos: La Voz del Interior