La intención del Gobierno provincial de obtener un consenso para sancionar en la legislatura una nueva ley de bosques nativos se encontró con un frontón de argumentos por parte de las universidades nacionales que lo rechazan ampliamente.
El proyecto se intentó aprobar en diciembre pasado, pero una movilización masiva obligó a retroceder. Hubo un segundo intento a comienzos de este año que también fracasó. El Ministerio de Ambiente de la Nación recomendó que se realizara un proceso participativo.
Detalla que el proyecto reduce significativamente las zonas roja y amarilla, y que extiende a niveles alarmantes esa vulnerabilidad. Lo hace al permitir la expansión de la ganadería bajo arbolado nativo y la agricultura industrial.
Algunas consecuencias de esto serían un aumento en los fenómenos como crecidas de ríos y anegamientos, el colapso de las “fábricas naturales” de agua y de suelo, y una reducción en la disponibilidad de agua en invierno.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) ya había puesto sus reparos al proyecto. Un documento reprochó nueve artículos.
Una de las críticas se refiere a la definición de bosque nativo. En la iniciativa, se focaliza sólo en la etapa madura de este ecosistema. La UNRC sostiene que deberían tenerse en cuenta sectores con especies arbóreas en cualquier estado de desarrollo, como un matorral.
También remarcan que omite la importancia que tienen los bosques nativos para fijar el dióxido de carbono, gas responsable del calentamiento global.
La Universidad de Villa María (UNVM) ya había pedido el archivo del proyecto en mayo con el argumento de que se trata de una normativa inconstitucional.
Según la UNVM, el texto viola el principio de congruencia establecido por la Ley General del Ambiente al comprender parámetros de protección menores a los establecidos por la ley nacional de bosques nativos (26.331). Por ejemplo, habilita el cambio del uso del suelo para las categorías roja y amarilla, y no incorpora el concepto de “bosque nativo” fijado por la norma nacional.
