El debate sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz sumó nuevo protagonista que no es otro que el propio ombudsman de la ciudad.
Mientras el proyecto del intendente Esteban Avilés para modificar el sistema de elección del organismo comienza a transitar su camino legislativo y ya ingresó al temario del Concejo de Representantes, el actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino, salió al cruce de quienes cuestionan el funcionamiento de la institución.
A través de sus redes sociales, Curvino apuntó directamente contra los «precandidatos a intendente» que proponen cambios en la Defensoría y los acusó de hacer «politiquería» sin conocer el trabajo que realiza el organismo.
«A los precandidatos a intendentes que hacen política desprestigiando a la Defensoría del Pueblo porque no se les cae una idea, nunca vinieron, no saben cómo funciona», escribió.
En el mismo mensaje invitó a los dirigentes a recorrer la sede ubicada sobre avenida San Martín, consultar las redes sociales institucionales y conocer el trabajo cotidiano con los vecinos.
«Vengan personalmente y quédense una horita escuchando a los vecinos así se enteran de nuestras funciones», expresó.
El funcionario también calificó como «campañas berretas» las críticas que recibe el organismo y sostuvo que quienes las impulsan «venden humo» y hacen «populismo demagogo».
Un debate que se instaló en la agenda política
Las declaraciones de Curvino se producen en momentos en que el Concejo de Representantes comenzará a analizar el proyecto de enmienda de la Carta Orgánica impulsado por el Departamento Ejecutivo.
La iniciativa del intendente Esteban Avilés propone eliminar la elección directa del Defensor del Pueblo y reemplazarla por una designación política dentro del Concejo de Representantes.
El mecanismo prevé que los bloques legislativos propongan candidatos, pero que la designación requiera una mayoría extraordinaria de diez votos sobre los doce integrantes del cuerpo. De esa manera, ningún postulante podría acceder al cargo sin un acuerdo que incluya al oficialismo de turno.
El proyecto también elimina la posibilidad de reelección del Defensor del Pueblo y reduce significativamente la remuneración del cargo, que dejaría de estar equiparada al salario del intendente para pasar a percibir un sueldo equivalente al de un director municipal.
La propuesta deberá ser aprobada por mayoría extraordinaria y luego sometida a un referéndum popular, previsto por el Ejecutivo para coincidir con las elecciones municipales de junio de 2027.
La alternativa de Ribetti
El debate no quedó circunscripto a la propuesta oficialista. El concejal Daniel Ribetti volvió a presentar el proyecto que había impulsado en 2025, aunque con un esquema institucional completamente distinto.
Su iniciativa también elimina la elección directa por voto popular, pero propone que el Defensor del Pueblo sea designado por la segunda fuerza política surgida de las elecciones municipales, mientras que la tercera fuerza elija al Defensor Adjunto.
Según Ribetti, ese mecanismo garantizaría un verdadero contrapeso institucional frente al gobierno municipal, evitando que el oficialismo intervenga en la designación del organismo encargado de controlar su gestión.
El proyecto también reduce los salarios de las autoridades de la Defensoría, aunque en una escala superior a la planteada por el Ejecutivo, y mantiene la posibilidad de una única reelección.
Juliá buscará debatir otra alternativa
A la discusión también se sumó el excandidato a defensor del Pueblo Santiago Juliá, quien anunció que solicitará la Banca del Ciudadano para defender una propuesta diferente.
Juliá rechaza que la elección pase al Concejo de Representantes y sostiene que trasladar la decisión a los bloques políticos significaría incorporar definitivamente a la Defensoría dentro de la lógica partidaria.
«Si la política quiere quedarse con la Defensoría, que lo diga sin disfrazarlo de reforma», afirmó.
Su proyecto mantiene la elección directa por parte de los vecinos, aunque incorpora requisitos más exigentes de legitimidad: propone que participe al menos el 55% del padrón electoral y que la fórmula ganadora obtenga más del 50% de los votos válidos. Si esos requisitos no se cumplen, la Defensoría permanecería vacante hasta la siguiente elección ordinaria.
Un escenario con posiciones enfrentadas
Las expresiones de Curvino profundizan un debate que ya atraviesa al oficialismo, a distintos sectores de la oposición y a referentes políticos que participaron en la última elección del Defensor del Pueblo.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el nuevo mecanismo favorecerá el consenso político y reducirá el costo institucional del organismo, sus críticos advierten que la reforma trasladará una decisión que hoy pertenece a los vecinos hacia acuerdos entre dirigentes políticos.
En ese contexto, el mensaje del actual defensor del Pueblo representa la primera respuesta pública desde la conducción de la institución frente a las críticas que acompañan el debate sobre su futuro.
