El excandidato a defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Santiago Juliá, anunció que solicitará la Banca del Ciudadano en el Concejo de Representantes para presentar un proyecto alternativo a la reforma de la Carta Orgánica impulsada por el intendente Esteban Avilés, que propone que el Defensor del Pueblo deje de ser elegido por voto popular y pase a ser designado por un acuerdo dentro del Concejo de Representantes.
Según explicó Juliá, el debate no debería centrarse en quién designará al próximo Defensor del Pueblo, sino en cómo recuperar la legitimidad de una institución que, a su criterio, perdió representatividad ciudadana y mantiene una estructura costosa con escasa utilidad pública.
La elección del defensor y la mayoría automática
En un extenso documento difundido este martes, Juliá sostuvo que la iniciativa oficial «disfraza de reforma» una decisión política que, según su mirada, terminará dejando la elección del Defensor en manos de la mayoría automática que posee el oficialismo en el Concejo.
Para fundamentar esa postura recordó episodios recientes del funcionamiento legislativo local, como la designación del veedor para la comisión de la licitación del servicio de recolección de residuos, donde el oficialismo terminó imponiendo un nombre distinto al propuesto por la mayoría de los concejales opositores.
Para Juliá, ese antecedente demuestra que difícilmente la oposición pueda influir en la futura designación del Defensor del Pueblo si el mecanismo de elección pasa al Concejo.
La legitimidad de la actual Defensoría
El dirigente también hizo referencia a la elección de 2025, cuando participó apenas el 17,2% del padrón electoral.
Según señaló, el actual Defensor obtuvo poco más de 3.000 votos sobre un padrón cercano a los 59.000 electores, lo que equivale aproximadamente al respaldo del 5% de los ciudadanos habilitados para votar.
A su entender, esos números reflejan un problema de legitimidad que no se solucionará cambiando el sistema de elección.
«La legitimidad no aparece por cambiar un artículo. Se construye con respaldo ciudadano, autonomía frente al Gobierno y capacidad efectiva para controlar», sostuvo.
Su propuesta: más exigencias para ocupar el cargo
Lejos de eliminar la elección directa, Juliá propone mantener el voto popular, pero incorporar requisitos mucho más estrictos para que el cargo pueda ser ocupado.
Su proyecto establece que: participe al menos el 55% del padrón electoral; la fórmula ganadora obtenga más del 50% de los votos válidos; si alguno de esos requisitos no se cumple, el cargo permanezca vacante hasta la siguiente elección ordinaria.
Además, plantea que no haya segunda vuelta ni elecciones extraordinarias para cubrir el puesto.
Según explicó, una Defensoría vacante resulta preferible a una institución ocupada por una autoridad sin respaldo ciudadano suficiente.
«No se discute quién ocupa el cargo»
Juliá afirmó que su iniciativa busca modificar el eje del debate. Mientras el proyecto del Ejecutivo propone que el Concejo designe al Defensor del Pueblo, él sostiene que primero debe resolverse la falta de legitimidad de la institución y garantizar que quien ocupe el cargo cuente con un respaldo ciudadano contundente.
Con ese objetivo solicitará hacer uso de la Banca del Ciudadano, donde pretende exponer públicamente su propuesta y pedir que el Concejo trate ambas iniciativas antes de avanzar con una eventual modificación de la Carta Orgánica.
En el cierre de su documento dejó una definición que resume su postura frente al proyecto oficial: «Ellos discuten quién se queda con el cargo. Mi proyecto discute qué legitimidad debe tener alguien para ocuparlo. Cambiar quién reparte el puesto no resuelve el problema; lo conserva».
