Por Gonzalo Vivas. La relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional cobra un nuevo capítulo en la historia de ambos. Sin dudas que forma parte del imaginario argentino.
El vínculo con el organismo data de, al menos, 1958, con el primer crédito stand-by solicitado por el entonces ministro de Economía Donato del Carril que había precedido a Krieger Vasena, quien luego en la dictadura militar de Onganía concretaría otro acuerdo en 1967.
Desde 1958 a la fecha, Argentina solicitó 22 acuerdos con el FMI de distintas modalidades: stand by, Compensatory Financing Facility Acuerdo financiero – Oil Facility, siendo la primera de ellas la más solicitada.
El último de los acuerdos se cerró en mayo del 2018 bajo el gobierno de Mauricio Macri.
Entre el estado soberano argentino y el organismo multilateral se presentaron, en cada circunstancia, regularidades y dispersiones propias del contexto, los actores sociopolíticos intervinientes, y el pensamiento dominante en el ámbito internacional que jugaban a “favor” o “en contra” de Argentina. Es decir que la época ha sido un factor determinante en torno al marco geopolítico en el que los acuerdos se celebraban.
Así, por ejemplo, el FMI fundado luego de la Segunda Guerra Mundial, tenía una perspectiva más “amigable” con el entendimiento de la economía mundial y un sesgo menor al monetarismo, corriente que hoy encuentra expresiones en la mayoría de los economistas con presencia pública y que forma parte del bagaje teórico y técnico del staff de funcionarios.
De alguna manera, el organismo multilateral mantenía una impronta menos agresiva.
Al cambiar la época y los actores sociopolíticos internacionales, cambió el contexto económico y la dinámica económica. Las finanzas cobraron una inusitada centralidad desplazando todo modelo productivo posible en los países de ingresos medios.
Los acuerdos con el FMI implicaron grandes “ajustes”: esto quiere decir que exigen al país acreedor demostrar “capacidad de pago” y esta capacidad es dada no por el “crecimiento” del país en términos del PBI, sino por la disponibilidad de dólares en las reservas. Ello, de principio, cristaliza un problema para una economía como la argentina (bimonetaria) para la cual los dólares son un insumo clave para la producción, y, por ende, el desempeño económico.
Los acuerdos del FMI han mantenido la regularidad en sus exigencias, obteniendo siempre los mismos resultados: más desempleo, caída de la actividad industrial, mayor pobreza, mayor deuda y defaults.
Desde entonces, Argentina, mantuvo prácticamente la misma cantidad de defaults que acuerdos. De allí que, en la literatura económica, la Argentina sea considerada un “defaulteador serial”, o “intolerante a la deuda”.
Esta semana, el actual ministro de Economía, Martin Guzmán, experto en materia de reestructuraciones de deudas soberanas, formado inicialmente en La Plata y luego en Columbia bajo el ala de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, impartió un “encuentro” junto con Yannis Varoufakis, y Andrés Arauz.
El primero de los invitados extranjeros, ofició de ministro de Economía en Grecia post crisis 2008; debió renunciar ante la presión de la “troika”: FMI, BCE y la CE. El segundo, Arauz, ex ministro de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador,
El encuentro giró en torno a la “trampa” que supone la deuda externa para países del “sur global” y el carácter político de la deuda soberana; ya sea el endeudamiento externo público con organismos multilaterales como con acreedores privados, los llamados bonistas.
En ese sentido, se señalaba que “la arquitectura financiera internacional” (el marco jurídico-político que establece las normas, reglas, modalidades, y lugares en donde se asientan los acuerdos), estaba hecho por los grandes acreedores internacionales, a los que Varoufakis denominó “la oligarquía financiera internacional”.
Los invitados convinieron en que, además de la arquitectura, los acreedores se organizan políticamente de diversas maneras para exigir condiciones que se divorcian con el modelo que eligen los países deudores para afrontar sus pagos.
En esa línea, los tres asistentes acordaron y coincidieron en la necesidad de establecer marcos legales nacionales y acuerdos regionales como “un club de deudores” para equilibrar la disputa geopolítica sobre deuda. En la primera, sería posible restringir el endeudamiento en moneda extranjera (tal como es el caso de la ley promulgada sobre sostenibilidad de la deuda soberana, Ley N° 27.612) como así incompatibilizar a los futuros funcionarios de economía la labor en organismos multilaterales.
Las intervenciones de los tres encuentran asiento en la confesión del funcionario del FMI, Maurice Claver-Carone sobre el carácter político del préstamo del fondo: “financiamos la campaña de Macri”, decía a en un Foro diplomático en Julio del 2020.
Ahora bien, si la política, lo jurídico, y la geopolítica contextual son determinantes en los procesos de deuda soberana, ¿cómo es posible que aún la deuda sea solo explicada y descripta como un fenómeno esencialmente económico?
Más aún, si tres ministros en funciones o con responsabilidades anteriores han afirmado el carácter eminentemente político de los procesos de deuda soberana, ¿cómo entonces puede la ciudadanía continuar legitimando endeudamientos que ahogan las capacidades de desarrollo de un país?
Sin dudas, en vísperas de un nuevo acuerdo entre Argentina y el FMI, la situación histórica con el FMI pareciera encontrar una dispersión: atendiendo a la explicación política del endeudamiento, el desafío del ministro Guzmán de lograr un acuerdo generoso, amplio y conveniente para la Argentina y así evitar otro default y continuar en la trampa de la que aún, salvo excepciones, hemos podido salir.
Gonzalo Vivas es licenciado en Ciencias Políticas.
