Se incorporó a trabajadores rurales y de la construcción al plan que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia y tiene previsto sumar a esta propuesta a la industria textil y la gastronomía.
La emergencia sanitaria obligó al Poder Ejecutivo a reordenar sus prioridades, por lo que no fue hasta empezado el 2021 que el Estado no retomó ese punto de la agenda enfocado en la coexistencia entre la asistencia social y el mercado laboral.
Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión -Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor en el cargo, Juan Zabaleta- “pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes sociales en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores”.
El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.
A eso se le sumó el Programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.
Esa iniciativa está orientada a la “formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social”, según se informó oficialmente.
El programa tiene un alcance federal y prioriza los grandes conglomerados urbanos del país que presentan mayores índices de vulnerabilidad, como el Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Tucumán.
Esa concepción también responde a un planteo expresado por el Presidente en numerosas oportunidades: la necesidad de que la oferta laboral se “federalice” para evitar aglomeraciones en los grandes centros urbanos y alcanzar una distribución armónica de las potencialidades del trabajo.
Para una primera etapa de implementación, que comprende el último trimestre de 2021 y el primero del año próximo, el Ministerio de Obras Públicas propone la incorporación al programa de 124 obras, que representan una inversión total de $21.761 millones y generarán 5.792 empleos directos con perspectiva de género y 3.141 indirectos.
“Estamos viendo indicadores de crecimiento y estamos muy agradecidos de poder trabajar con la cámara y el gremio de la construcción para transitar este camino de transformación del plan Potenciar Trabajo en empleo genuino”, destacó, por su parte, Zabaleta.
El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.
Desde el Gobierno señalaron que si bien la construcción genera muchos puestos de trabajo por su ramificación en el sector público y privado, el Poder Ejecutivo “tampoco quiere perder de vista a los otros sectores y avanzará en nuevos horizontes para robustecer la oferta de empleo destinada a beneficiarios de planes sociales”.
