Las fiestas clandestinas no pararon nunca en Carlos Paz desde el inicio de la pandemia. Y hay casos en que se siguen haciendo en las mismas locaciones, con Villa del Lago como uno de los barrios con más denuncias referidas al tema.

El concejal de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que se aclaren algunos puntos sobre la aplicación de las multas y la cantidad de actas que se labraron en este sentido.

En los considerandos del proyecto, se plantea que  “es necesario contar con la información solicitada a los fines de evaluar si las sanciones vigentes son suficientes o hay que evaluar otras medidas, si es preciso instrumentar otros medios de control más eficaces para evitar la realización de eventos de las características ya mencionadas, así como las alternativas ante la reiteración de hechos de la naturaleza descripta por parte de las mismas personas”. 

En concreto, el pedido de informe detalla la solicitud de información sobre “la cantidad de denuncias recibidas con motivo de la realización de actividades, eventos y/o fiestas de carácter diurno o nocturno en los últimos noventa (90) días, medio por el cual se receptó la denuncia y respuesta por parte de los funcionarios municipales del área a cargo de la intervención ante la denuncia recibida”.

En otro artículo, se pide que se dé a conocer la ” cantidad de hechos que en los últimos noventa (90) días requirieron la intervención del área correspondiente, qué tipo de acciones se llevaron adelante y copia de las actas confeccionadas por los funcionarios municipales a cargo de los procedimientos”.

Y, además, se pide que se ofrezcan a los vecinos de la ciudad “datos precisos acerca de domicilios, horarios, propietarios, poseedores, tenedores, locatarios y/o cualquier persona, sea física o jurídica que tenía bajo su cargo el inmueble donde se haya detectado una infracción a los Artículos 88 bis y 88 ter del Código de Faltas (Ordenanza N° 1.066), producidas durante los últimos sesenta (60) días”.

En otro orden, se plantea que se informe , en concreto, la multas aplicadas, precisando montos determinados por la autoridad de aplicación y efectivamente recaudados, planes de pago acordados con las personas sancionadas y cumplimiento de los plazos y montos convenidos, realizados en los últimos noventa (90) días”.