El pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, tendrá el próximo lunes su primera instancia formal de tratamiento en el Concejo de Representantes. La Sala Acusadora fue convocada para el 31 de agosto a las 11, cuando deberá analizar las denuncias presentadas por el dirigente y excandidato a ombusman, Santiago Juliá.
La reunión fue convocada por el presidente de la Sala Acusadora, Leonardo Villalobos, en el marco del artículo 184 de la Carta Orgánica Municipal y de los artículos 9, 10 y 11 de la Ordenanza 5031. Será el primer paso institucional para determinar si las presentaciones (la denuncia formal y ampliación) contra Curvino avanzan hacia una nueva instancia: la Cámara juzgadora, que debe resolver sobre la acusación.
Juliá presentó originalmente el pedido de juicio político el 14 de agosto y una semana después amplió la denuncia con documentación correspondiente al período 2023-2026. El planteo apunta a determinar si distintas intervenciones públicas del defensor con posteos en sus redes sociales cuestionando a dirigentes políticos durante la oposición durante los años en que se desempeñó como Defensor del Pueblo resultaron compatibles con las exigencias de independencia e imparcialidad partidaria que demanda el cargo por Carta Orgánica Municipal.
Según Juliá, los posteos en las redes personales de Curvino excederían las funciones institucionales de la Defensoría. El dirigente plantea que durante casi tres años el defensor habría concentrado sus críticas en dirigentes de la oposición municipal, mientras que no habría ejercido con la misma intensidad cuestionamientos contra el gobierno municipal.
La presentación reconstruye una cronología de publicaciones y declaraciones desde 2023. Entre los episodios mencionados aparecen críticas dirigidas contra Carlos Felpeto, Walter Gispert y Emilio Iosa; también fueron mencionados el concejal Daniel Ribetti, el tribuno de cuentas Gustavo Molina, y el concejal Fernando Revelo y otros dirigentes opositores.
Juliá pone especial énfasis en que algunas de esas expresiones, según la documentación incorporada a la denuncia, fueron replicadas desde la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo. Para el denunciante, ese punto resulta relevante porque plantea un posible uso político de los canales institucionales del organismo.
La ampliación sostiene que esa conducta sería incompatible con la obligación de independencia del defensor y con la prohibición de desarrollar actividad político-partidaria establecida por la Carta Orgánica Municipal.
El denunciante sostiene que la cuestión debe ser analizada como un patrón de conducta y no como una sucesión de declaraciones aisladas. Por eso incorporó la cronología de publicaciones y pidió que el Concejo evalúe si esas actuaciones pueden constituir mal desempeño o una irregularidad en el ejercicio del cargo.
La Sala Acusadora, con mayoría oficialista
La primera definición estará en manos de seis concejales: Leonardo Villalobos (presidente de la sala), Claudio Bocchetti, Raquel Merlino y Marcela Bosch, por Carlos Paz Unido; y Daniel Ribetti y Pía Felpeto, por Juntos por Carlos Paz.
El oficialismo cuenta con cuatro de los seis integrantes de la Sala Acusadora. Se trata de la misma composición que en 2025 rechazó otras dos denuncias contra Curvino por cuatro votos contra dos, por lo que aquellos antecedentes serán parte del contexto político de la nueva presentación.
La reunión del lunes determinará, en esta primera instancia, si el pedido de juicio político consigue avanzar o queda nuevamente archivado en la Sala Acusadora.
De hacerlo, quienes tendrán en sus manos resolver sobre la acusación serán los concejales Alejandra Roldán, Sebastián Guruceta y Laura Gallardo de Carlos Paz Unido; Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente; y Noelia García Roñoni y Fernando Revello de Juntos por Carlos Paz.
Juliá, a la Banca del Ciudadano
Previo a esa instancia, este jueves, al finalizar la sesión ordinaria, Santiago Juliá utilizará la Banca del Ciudadano para exponer sobre otro proyecto: una reforma del funcionamiento y la elección de las autoridades de la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa mantiene la elección directa, pero propone establecer condiciones mínimas de legitimidad: una participación de al menos el 50% del padrón municipal y que la fórmula ganadora consiga la mayoría absoluta de los votos válidos afirmativos. Si esos requisitos no se cumplen, los cargos quedarían vacantes hasta la siguiente elección ordinaria.
