A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo habilitó la inadmisión y la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio o violencia contra los argentinos. La medida surge como respuesta a la escalada de expresiones hostiles registradas tras el Mundial 2026.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que habilita rechazar el ingreso o expulsar del país a cualquier extranjero que promueva mensajes de odio, discriminación o violencia contra los ciudadanos argentinos, o que cometa ultrajes contra los símbolos patrios.
Según informó la Oficina del Presidente, la decisión busca resguardar la cohesión social, la seguridad interior y el orden institucional. En el marco del anuncio, el mandatario ratificó de forma contundente: «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país».
Nuevas causales en la política migratoria
La normativa oficializada en el Boletín Oficial introduce modificaciones estrictas en las causales de inadmisión y expulsión del territorio nacional:
Expresiones de odio: La medida alcanza a quienes dirijan mensajes hostiles, ya sean orales o escritos, o bien inciten a la violencia contra el pueblo o los ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad.
Símbolos patrios: Se sanciona expresamente a quienes participen en actos de ultraje o degradación de los emblemas nacionales.
Cancelación de residencia: Los extranjeros que ya residan en el país y cometan estas infracciones perderán su estatus legal, quedando conminados a abandonar el territorio o enfrentando una expulsión directa.
Desde el Poder Ejecutivo se argumentó que, si bien la Argentina mantiene su histórica tradición de hospitalidad, la soberanía estatal faculta al Gobierno para fijar las condiciones de permanencia en el país.
Tratamiento legislativo
Tras su publicación oficial, el decreto deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, la cual dispone de un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez constitucional y legal.
