Tras el enfrentamiento ocurrido el pasado domingo que dejó a un policía y a un adolescente heridos de arma de fuego, se puso en cuestionamiento nuevamente la imputabilidad de los menores de edad involucrados en hechos delictivos.

Desde la Justicia, el juez de Control de Villa Carlos Paz Daniel Strasorier, se refirió a la polémica.

Sobre este hecho en particular, aclaró que la investigación está a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez porque intervienen mayores y menores. Sin embargo, precisó que “habría tres menores involucrados”, de los cuales uno está con sus padres porque “no se le ha probado ninguna actitud ilícita”, otro está derivado al el complejo Esperanza y acaba de cumplir 14 años, que “es quien supuestamente habría disparado el arma contra el policía” y el otro menor de 16 años que está internado en el Hospital Sayago y “tiene pendiente una medida del artículo 90, que una vez que recupere su estado de salud, va a ser trasladado al Complejo Esperanza”.

¿Son imputables?

El magistrado sostuvo que la ley establece que los menores de entre 14 y 16 años son inimputables y, en consecuencia, no son sometibles a procesos penales sino a otro tipo de procesos.

Distinta es la situación de los jóvenes de 16 años que, a partir de esa edad, ya son imputables y sometidos al proceso penal ordinario con las particularidades que tiene un proceso penal.

En cuanto a los procesos no punibles, expresó: “El Estado nos faculta a nosotros, los jueces de menores por competencia penal juvenil, a disponer de medidas tutelares como la internación involuntaria, que es lo que se ha hecho”.

En el caso de Córdoba, dijo que “se los deriva al Complejo Esperanza y están para ser evaluados interdisciplinariamente. El Complejo Esperanza no es un hotel, es un centro de rehabilitación socioeducativo que tiene muchas características de un sistema carcelario cerrado, intramuros”.

Una vez allí, señaló que “se trata de establecer cuáles fueron las razones que lo llevaron a delinquir a este menor”, por lo que consideró que “es un proceso que lleva su tiempo porque se elabora un informe, se trata con psicólogos, psiquiatras, con asistentes sociales, porque hay que ver qué existe en el seno de su familia, de su comunidad. Es correcto que así sea porque el proceso penal juvenil en general no tiende a la punición, sino a la corrección, esto es muy importante”.

Y agregó: “Establecer las causas que originan la intervención de un menor en un hecho delictivo es central para ver cómo continúa su vida y su proceso. Esta es la gran diferencia con el proceso penal de mayores”.

La exclusión y marginalidad, como antecedente

Strasorier apuntó al contexto social problemático en el que están inmersos los niños y jóvenes, como parte de los antecedentes que derivan en determinados hechos delictivos que cometen.

“Mucha gente no lo comprende; pero cuando se cometen hechos graves -como en este caso-, es porque evidentemente algo está delicado en la situación personal de ese niño, porque en realidad no llega a adolescente, es un niño”, señaló.

Y añadió: “Me preguntaban de los antecedentes de este niño, y estos son una familia disgregada, exclusión, marginalidad, no estar contenido en el sistema educativo; entonces, ahí estamos en un problema”.

Ante esto, opinó: “Creo en la rehabilitación del ser humano en general, pero particularmente de un menor. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que estos chicos puedan revertir su historia”.

¿La pandemia agravó el accionar delictivo en menores?

El funcionario informó que durante la pandemia han sido pocas las situaciones de menores en conflicto con la ley.

E insistió en que “la situación de menores en conflicto con la ley va acompañado con la agudización de la desigualdad social, claramente. Esto es una demostración empírica, lo dice la sociología”.

En consecuencia, dijo que “lo que se trata y lo que tiene que hacer el Estado, es actuar multidisciplinariamente con mecanismos de articulación, con mecanismos de coordinación interministerial, para revertir esta historia”.

Polémica por la edad de imputabilidad

Strasorier consideró que bajar la edad de imputabilidad “agravaría las cosas”.

En este sentido, argumentó que las tendencias mundiales son la solución del conflicto de un menor con la ley por vía no punible, y referenció que hay muchos proyectos que están cerca de ser ley y acciones a nivel mundial que avalan esta postura.

La gran deuda

El juez de control opinó que parte de la solución devendría a partir del saldo de lo que considera como “una gran deuda de la democracia desde que asumió Alfonsín”, y que apunta a la implementación de una nueva Ley Penal Minoril.

“La que tenemos actualmente, específicamente penal minoril, es la 22.278, hija de la dictadura militar. Por eso, creo que esa es una gran deuda con la democracia y yo espero que esa ley se discuta en todo el país, en todos los ámbitos académicos, en todas las organizaciones sociales y populares para que sea una gran ley, a eso aspiro”, aseveró.