Marcela Rosado, referente de la Federación Converger y la Fundación IRAM, describe el dramático colapso del sector de la discapacidad. Denuncia una “cesación de pagos” sin precedentes, el incumplimiento de la Ley de Emergencia y una preocupante falta de interlocutores en el Gobierno nacional.
En un contexto de crisis profunda, el sector de la discapacidad se encuentra en una situación límite. La Ley de Emergencia no se está cumpliendo y, desde diciembre, los prestadores han dejado de recibir sus pagos, vulnerando los derechos básicos de este colectivo.
Marcela Rosado, miembro de la Comisión Directiva de la Federación Converger y gerente de la Fundación IRAM —organización que desde 1996 ofrece servicios de Centro de Día para jóvenes y adultos con Síndrome de Down y discapacidad intelectual—, conversó con Mentes Inquietas (100.7 Villanos Radio) sobre la problemática actual.
¿Cómo describirías la situación actual del sector?
La situación es de total colapso. La Ley de Emergencia en discapacidad, si bien fue publicada a principios de febrero, en la práctica no se está cumpliendo. Hay artículos que entran en contradicción; es como si se hiciera para que no sirva. Profesionales, instituciones y familias advierten que el sistema está al borde de la parálisis.
Se denuncia que no se están realizando los pagos a los prestadores. ¿Desde cuándo sucede esto?
Incluir Salud, el programa que atiende a los más vulnerables, no ha realizado transferencias en enero y febrero. Está debiendo, en el mejor de los casos, el mes de diciembre. Algunos prestadores no cobran desde octubre y los transportistas desde septiembre. PAMI recién pagó diciembre el viernes pasado, tras una medida de fuerza, pero esto no nos permite ponernos al día en una situación ya deficitaria. En 35 años que llevo en Fundación IRAM, nunca vivimos una crisis así. Es la primera vez que hay una cesación de pagos.
¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de esta deuda?
Afecta directamente al personal. Si la gente no cobra, no puede seguir trabajando, más allá del amor y el compromiso. No tenemos para pagar sueldos —que es nuestro mayor costo—, ni la luz, ni materiales. El personal ya no tiene ni para trasladarse a su lugar de trabajo. El Gobierno no está entendiendo.
Mencionaste una moratoria anunciada por el Gobierno Nacional que, según ustedes, es inaplicable.
La ley preveía una compensación, pero para acceder debemos cargar en plataformas información que el Gobierno ya posee desde 2023. Creemos que es una excusa para dilatar los pagos bajo el pretexto de “controlar documentación”. Lo que podría haber sido un paliativo termina siendo una trampa porque las instituciones no aguantan más.
¿Crees que es falta de voluntad política o algo más grave?
Creo que es más grave: hay un ensañamiento. Podría entender que suspendieran la lucha por la Ley de Emergencia, que logramos implementar por vía judicial, pero se publicó en el Boletín Oficial y al mismo tiempo se cortaron los pagos. No es casual. Es un castigo. Lo han hecho con todas las leyes en las que tuvieron reveses jurídicos, como los fondos para la universidad pública.
¿Quiénes son los interlocutores válidos hoy para solucionar esto?
No hay un interlocutor válido. Hablamos con las autoridades y responden “estamos trabajando”, pero no sabemos en qué. Con el traspaso de la Agencia Nacional a Secretaría Nacional, ahora dependemos de la voluntad política del ministro de Salud, Mario Lugones, y del Ministerio de Economía, que depende directamente del Presidente.
¿Qué pasó con los fondos destinados al presupuesto de 2025?
Devolvieron dinero al Tesoro que estaba para ejecutar el presupuesto 2025 sin haber pagado las obligaciones ya devengadas y los servicios ya prestados.
¿A qué atribuís este “ensañamiento” que mencionás?
Creo que cada vez que la ciudadanía demuestra una voluntad expresa que contradice una decisión o discurso del Ejecutivo, aparecen estas reacciones de violentar, atacar y paralizar. Ni siquiera tiene que ver con lo económico, sino con lo conceptual, con escalas de valor. Es una cuestión ética, de lo que cada uno entiende que es importante en la vida. Es lo que se plantea como un “colapso moral”.
¿Qué significa la Fundación IRAM para quienes asisten hoy?
Tenemos 120 jóvenes y adultos. Es su segundo hogar, comen aquí, están de 8:30 a 16:30 hs. El Presidente no entiende que esto es un servicio y que el servicio también es producción. Contribuimos a la sociedad porque, cuando los jóvenes están aquí, sus familias pueden salir a trabajar y ser parte de la mano de obra del país.
¿Cómo sigue la lucha?
Con resistencia y resiliencia. Seguiremos insistiendo en todos los ámbitos. Esta semana tenemos pensada una movilización en Córdoba, en la Plaza San Martín. No vamos a parar de golpear puertas. Estamos firmes y dignos como gladiadores. Nos están desgastando, a eso juegan, pero vamos a seguir de pie.
