Por Carlos Quáranta. Carlos Paz no es ajena a los tiempos que corren en nuestro país.
Este sábado, en una sesión maratónica del Concejo de Representantes, los concejales del oficialismo aprobaron sin mayores reparos delegaciones de facultades legislativas, propias del cuerpo en favor del intendente Avilés.
Como cada año, en esta última sesión de diciembre se trataron el Presupuesto y Tarifaria para el año 2024, y una serie de aumentos en los distintos servicios públicos de la ciudad. Hasta ahí, lo de siempre.
Lo que no pasó inadvertido fue una modificación de último momento que introdujo el oficialismo en el proyecto de la Ordenanza Tarifaria, y en cada uno de los proyectos que incrementan el valor de los servicios públicos locales (Transporte Urbano, Servicio de Agua, Servicio de Cloacas, Servicio de Taxis y Remises).
Por esta modificación, este año 2024, además de los valores actualizados por la ordenanza aprobada en esta sesión, las tasas municipales, y todos los servicios públicos tendrán un aumento bimestral; siendo el primero en el mes de marzo.
En lo que corresponde al valor de las tasas municipales -servicios a la propiedad, automotores, comercio e industria, obras privadas, cementerio, etc.- recibirán un incremento en los siguientes meses: marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, y será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC); a lo que debemos agregar que el Municipio cobrará un interés por mora en el pago de las tasas municipales del 16% mensual (192% anual), facultando además al intendente a que pueda llevar esta tasa al 32% mensual (384% anual). Como si el Municipio fuera un banco o una financiera.
En el caso de los aumentos de los servicios públicos, además de la gravedad que implica la delegación legislativa -prohibida expresamente en el artículo 123° de nuestra Carta Orgánica-, no se especifica ni determina que índice debe aplicar el intendente para los futuros ajustes, los que serán realizados, según dice el texto de las ordenanzas: “aplicándose los siguientes parámetros: materia prima, mano de obra, índices y sus fuentes, costos reales, realidad socioeconómica de la población”.
Esto deja a discreción del intendente que hacer prevalecer a la hora del cálculo de los aumentos, si la materia prima o la mano de obra de los servicios públicos, si los índices (sin tampoco establecer qué índices), o si la realidad socioeconómica de la población (y de qué sector de la población).
Finalmente, el cálculo y los aumentos serán directamente aplicados por el Departamento Ejecutivo, sin la participación del Concejo de Representantes, sin la necesaria aprobación de doble lectura y sin la audiencia pública para que opinen los vecinos que debe hacerse ante cada aumento de tasas municipales o incremento de los servicios públicos, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal (Artículo 134 incisos 9° y 11°).
Hay que recordar que el gobierno tiene mayoría propia en el Concejo y sus votos garantizan la aprobación de cada aumento, en un cuerpo deliberante que sesiona todas las semanas, la delegación aparece como más ilegítima e innecesaria aún.
No obstante, en una sola sesión, el oficialismo en soledad se arrogó el derecho de delegar al intendente los aumentos, dotándolo de funciones del Concejo de Representantes y privando al vecino de participar y opinar en la audiencia pública que de modo obligatorio fija la Carta Orgánica.
Así, un sábado 30 de diciembre, mientras muchos vecinos intentan cerrar un año complejo, mientras los comerciantes se preparan para recibir a los turistas, el Gobierno de Carlos Paz Unido, decide vulnerar la división de poderes, la representación de los vecinos en el Concejo de Representantes, y la participación de los ciudadanos en los aumentos de tasas y servicios públicos.
La maniobra tiene una gravedad institucional que deteriora nuestra democracia local, otorgando ilegítimamente, en contra de la Carta Orgánica Municipal que juraron cumplir y hacer cumplir, facultades propias del Concejo de Representantes al intendente, adjudicándole un poder inusitado para decidir en soledad lo que debe pagar cada carlospacense.
Carlos Quaranta es concejal del bloque de Carlos Paz Inteligente.
