Los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) sellaron un acuerdo histórico, sólo comparable a los pactos de posguerra, para poner en marcha un plan de recuperación económica de 750 mil millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del coronavirus.
“Acuerdo”, anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, a las 5:31 (media hora después de la medianoche hora de la Argentina) del martes, al término de una maratónica cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana.
El acuerdo contempla la creación de un Fondo de Recuperación financiado con deuda común de 750 mil millones de euros, de los cuales 390 mil millones se desembolsarán en subsidios y 360 mil millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados.
En conjunto, esas medidas implican el desembolso de un equivalente al 4,6% del PBI europeo de 2019, y el endeudamiento por primera vez en su historia de la Comisión Europea, con los que se financiarán programas utilizando una calificación de deuda Triple A.
Al Fondo de Recuperación se suma un acuerdo para el Marco Financiero Plurianual, el presupuesto para los próximos siete años de la UE, que alcanzará 1 billón 74.000 millones, una cantidad ambiciosa, teniendo en cuenta el nuevo contexto poscoronavirus.
El acuerdo alcanzado por los 27 Estados miembros es un acto inédito que marca un punto de inflexión en un momento especialmente crítico para el bloque, agrietado por diferencias internas entre los países ricos del norte y los pobres del sur, pero apremiado también por el resurgimiento de fuerzas políticas de ultraderecha, antieuropeístas, que bregan por un nacionalismo económico de sus países.
De hecho, prácticamente todas las formaciones de ultraderecha del continente salieron inmediatamente después del anuncio a criticar los términos del acuerdo, por considerar que viola la Constitución europea y le “regala” dinero de los contribuyentes a los país del sur del continente.
Para cerrar el pacto fueron necesarias concesiones a los autodenominados países “frugales” -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se sumó Finlandia- que consiguieron reducir el volumen de ayudas, imponer mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto.
Esos fueron los puntos más controvertidos de la negociación que extendieron los debates, junto a la propuesta para vincular la recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de Derecho.
Los grandes países, Alemania, Francia, Italia y España, como la mayoría de los miembros del bloque, exigían una base de 400.000 millones de euros en subsidios no reintegrables, mientras que los “frugales” proponían 350.000 millones.
Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 110.000 millones en las ayudas directas con respecto a los 500.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea inicialmente.
