El 30 de diciembre del 2020 el Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo, luego de un intenso debate que atravesó a toda la sociedad.
El fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y el fiscal Adjunto, Pablo Bustos Fierro, pidieron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) trate la cautelar para frenar la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La cautelar fue presentada por el precandidato a diputado de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio. Los fiscales firmaron un dictamen el 3 de agosto donde reconocen a García Elorrio la representación de “los niños por nacer” y “los niños no deseados”.
En su dictamen, Delgado y Bustos Fierros argumentan que “el derecho a la vida de las personas por nacer y aún el derecho a la salud de las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en centros que carecen de la atención obstétrica adecuada -lo que pone en riesgo su derecho a la vida-, no reviste igual jerarquía que el derecho a decidir, sino que es de grado superior. Sin derecho a la vida, ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido”.
Anteriormente, en abril de este año, la Cámara rechazó un pedido similar ya que el “aborto legal, seguro y gratuito” es Ley.
