Por Natalia Lenci. El pasado 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en ese marco, la fundación UPIS (Unidos por la Inclusión Social) presidida por Lucia Torres, en conjunto con la fundación Derechos sobre Ruedas y activistas independientes, organizaron en nuestra ciudad una actividad que denominaron “silla ruedazo”, que consistió en dar una vuelta por las calles de la ciudad pero en silla de ruedas.
Para dicho evento fui invitada en calidad de funcionaria, junto a otros funcionarios y dirigentes políticos de la ciudad. En lo personal, la experiencia fue de lo más enriquecedora, dado que nos invitó a poner a prueba nuestra empatía, nuestra capacidad de percibir o interpretar lo que otras personas sienten, incluso como piensan.
Además, creo que cumplió con su objetivo, que era el de visibilizar una problemática de nuestra ciudad, que es la falta de accesibilidad y la existencia de barreras arquitectónicas que hoy obstaculizan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas con movilidad reducida.
Estas barreras físicas que limitan la libre circulación se traducen en un limitado acceso a la educación, a la salud, al ocio y de hecho a cualquier actividad que requiera un desplazamiento, constituyéndose a su vez en una barrera social que impide que las personas con discapacidad se sientan miembros plenos de su comunidad, con la posibilidad real de participar y acceder a los servicios en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.
El marco normativo en materia de discapacidad y accesibilidad a nivel internacional y nacional se constituye por: la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley Nº 25.280), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Ley Nº 26378 Art. 9. Accesibilidad), Ley Nº 22.431 Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y su modificatoria Ley Nº 24.413 Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida y Decreto reglamentario 914/97 entre las principales.
En el mismo sentido y a nivel local, nuestra Carta Orgánica establece en su Art.51 lo siguiente: “el Municipio procura la integración de las personas con capacidades diferentes mediante políticas que tiendan a su protección, integración, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”.
En mi labor como Concejal de la ciudad, he presentado diversos proyectos que he trabajado con distintas organizaciones especializadas en la temática. En el año 2017, presenté un proyecto de resolución donde se le peticionaba a la administración del Concejo de Representantes que realizase las obras necesarias para la adecuación reglamentaria del edificio donde se realizan las sesiones para permitir un fácil acceso a las personas con discapacidades motrices.
Al año siguiente, presenté dos proyectos de ordenanzas, en uno de ellos se solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza Nº 4.441 por la cual el Municipio adhiere desde el año 2005 a la Ley Nacional Nº 22.431 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados” modificada por la Ley Nacional Nº 24.314 y reglamentada por Decreto Nº 914/97. Dicha normativa no sólo tiende a asegurar la atención médica, la educación y la seguridad social de las personas con discapacidad sino también busca garantizar la accesibilidad en edificios públicos donde debe preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas.
En el proyecto de ordenanza mencionado se le solicitaba al Ejecutivo que no sólo cumpliera con la Ordenanza Nº 4.441 sino también que contemplara la instalación de un ascensor en el edificio del Concejo de Representantes que permitiera el acceso desde planta baja hacia el primer piso, la colocación de todas las rampas internas necesarias para el desplazamiento en dicho piso y la adecuación de los sanitarios para la movilidad con sillas de ruedas.
El segundo proyecto de ordenanza que presenté tenía como objetivo la creación e implementación de un “Plan Municipal de Acondicionamiento y Mejoramiento de Veredas”, donde se debía realizar en una primera instancia un relevamiento del estado de las veredas para luego poder confeccionar dicha planificación de reacondicionamiento y refacción.
El espíritu de ambos proyectos siempre fue el de mejorar la accesibilidad de la ciudad y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Lamentablemente, ninguno de los proyectos fue aprobado y aún persiste el incumplimiento hacia las normativas internacionales, nacionales y locales.
Pensar a nuestra ciudad en clave de inclusión social de las personas con discapacidad implica planificar una sociedad respetuosa de la diversidad y donde toda la ciudadanía en su conjunto pueda ser partícipe de su comunidad. Por tanto, considero que asegurar la accesibilidad es un inicio para garantizar la igualdad de oportunidades no obstante aún queda mucho camino por recorrer.
(*) Natalia Lenci es concejala de Villa Carlos Paz por la Unión Cívica Radical.
