En el marco del proceso electoral, una fuerte denuncia sacudió este viernes la campaña hacia la elección del Defensor del Pueblo del 29 de junio.
Marcelo Adrián Iriarte, quien se postula por la lista N° 1 “El Defensor Avanza con Transparencia”, presentó ante la Junta Electoral Municipal una denuncia formal que alerta sobre un presunto “uso sistemático e indebido de personal municipal con fines proselitistas”.
En el escrito, el candidato afirma que “el actual titular de la Defensoría del Pueblo, quien busca ser reelecto, habría convertido estructuras del Estado en una herramienta de campaña, involucrando a trabajadores del municipio en actividades políticas”. Según Iriarte, esta maniobra no solo quebrantaría leyes vigentes, sino que pone en jaque la neutralidad institucional y lesiona derechos laborales y democráticos.
Entre los hechos denunciados se menciona el reparto de propaganda electoral, el uso de vehículos oficiales, la logística estatal para actividades de campaña, y el envío de mensajes por redes sociales y WhatsApp desde cuentas asociadas a dependencias públicas. La acusación también alerta sobre presuntas presiones desde niveles jerárquicos municipales hacia los empleados, lo que configuraría “coacción directa o indirecta”.
El denunciante acompañó la presentación con registros audiovisuales, testimonios y capturas de pantalla.
A su vez, citó diversas normas que —según argumenta— estarían siendo vulneradas: desde el Código Electoral Nacional (Ley 19.945, Art. 64) que prohíbe a funcionarios inducir al voto, hasta la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz (Art. 171) que exige imparcialidad al Defensor del Pueblo. También se menciona la ordenanza 538 del Estatuto del Empleado Municipal, que explícitamente impide la realización de actos proselitistas dentro de la función pública.
Advertencia
Iriarte advirtió: “El poder no puede usar los recursos del Estado como escudo para su impunidad”. Y apuntó a un escenario de riesgo institucional si la Junta Electoral no toma cartas en el asunto.
En su pedido, solicita una batería de medidas: desde la intimación al Ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo para cesar el uso político de recursos, hasta la creación de un canal confidencial de denuncias para empleados municipales. También exige que se publique oficialmente el pronunciamiento, y que se dé intervención a la Comisión de Asuntos Laborales y al Sindicato para defender los derechos de los trabajadores.
“La gravedad de estas conductas no admite dilaciones”, afirma el texto, y concluye con un llamado a preservar la transparencia electoral y la integridad democrática. Según Iriarte, la inacción frente a estas denuncias podría sentar un precedente “institucionalmente nefasto”.
Este es el texto completo de la denuncia:
