Mientras el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz le da el visto bueno por mayoría a un proyecto que habilitará la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, los arquitectos de la ciudad se oponen a la nueva normativa.
El pasado martes hubo una audiencia pública donde varios vecinos, entre arquitectos, ingenieros, biólogos y ecologistas manifestaron su oposición a que este proyecto de ordenanza sea aprobado.
Según expresaron, en esa misma audiencia estuvo presente el propietario de unos terrenos en la zona de Altos del Valle (ex 400 viviendas) quien se expresó a favor de esta iniciativa, en medio de un debate que por momentos subió de tono.
Durante esa audiencia y a pesar de no estar presente, la arquitecta Liliana Bina difundió entre los concejales un escrito en el que enumeró los argumentos por los que estos profesionales e instituciones que los agrupan se manifiestan en contra de habilitar esta cuarta etapa del plan de Desarrollo Urbano Ambiental.
Qué dice el informe de Bina
En ese informe, la exfuncionaria recordó que, tras la ampliación del ejido urbano de Villa Carlos Paz en el año 2018 tras la aprobación de la Ley provincial N° 10595, la Municipalidad comenzó un proceso de regularización del territorio anexado para ordenar cómo podrían ser intervenido con urbanizaciones y/o subdivisiones de suelo, evaluando así su incorporación por etapas a la zona “A” de prestación de servicios permanentes.
El proceso se fue dando por etapas para analizar en cada caso la pertinencia o no de la urbanización según la compatibilidad con las legislaciones vigentes como por ejemplo las zonas establecidas por la Ley de Bosques Nativos.
En una primera etapa, se incorporaron a la Zona A de prestación de servicios los Barrios Altos del Valle y San Miguel. Asimismo, se incorporaron las Áreas Protegidas de ladera de Sierras Chicas y los terrenos anexados afectados por el cambio de la Línea Departamental.
En la segunda etapa del Plan de Desarrollo se incorporaron los fraccionamientos, loteos y urbanizaciones colindantes con el Barrio Villa del Lago y Arroyo Los Chorrillos. Asimismo, se incorporaron otras áreas consolidadas colindantes al Barrio Colinas y un fraccionamiento aprobado previo a la Ley en Barrio Costa Azul.
En la tercera etapa fue el turno de terrenos colindante a Barrio San Miguel, Arroyo Los Mimbres y parte de ruta 38 a fin de iniciar el proceso de regularización de esa zona ocupada con uso residencial no aprobado, y los sectores que incluyen a loteos denominados Venturia y Terrazas de Playas de Oro, ya consolidados como tales y parcialmente habitados.
El estudio Geomorfológico
Según Bina, fue en esa etapa 3 que se establecieron restricciones de ocupación basadas en “mapas del Estudio Geomorfológico” para la preservación ambiental del sector, estableciendo algunas limitaciones para la urbanización del territorio incorporado. En especial, en torno a un polígono sobre calle Roma y colindante con el Barrio Altos del Valle, en base a un dictamen del CPUA.
Sin embargo, ese polígono que quedó fuera de la etapa 3, ahora fue incorporado dentro de la 4° Etapa del Plan de Desarrollo. Es aquí donde nacen los cuestionamientos a su aprobación.
La postura del colegio de Arquitectos
Consultada sobre la polémica que generó esta ordenanza que hoy se aprobaría por mayoría en segunda lectura, la arquitecta Victoria Szkolka en representación del Colegio de Arquitectos, detalló los puntos en conflicto por lo cuales se oponen a que se avance en la urbanización de esos terrenos.
Con el aval del presidente del Colegio de Arquitectos Regional 6, Mariano Cardona, la profesional expresó que se hicieron presentes como institución en esa audiencia pública del martes “con una profunda preocupación sobre la forma que se viene planificando la ciudad, con decisiones parciales sin lograr una mirada integral”.
Y señaló: “Nos oponemos a esta cuarta etapa porque no vemos la necesidad real de aprobar algo con tantas objeciones. Desde el Colegio venimos intentando abrir un diálogo para que se logre entender que, por más que la ciudad haya triplicado su ejido, esto no nos da luz verde para urbanizarlo completamente”.
“Justamente, se trató de abordar y tener un ejido más grande para poder preservar el verde, como dice nuestra Carta Orgánica. Urbanizar todo el territorio no es sustentable ni ambiental ni económicamente. Reiteramos que es mejor una ciudad correctamente densificada, con calidad de servicios, económicamente sustentable, y no una ciudad desmedidamente extensa y costosa”, aseveró la arquitecta Szkolka.
“Enumerando solo algunos de los motivos por los que no estamos de acuerdo y nos parece inapropiada la propuesta, fuimos haciendo propias voces calificadas que se pronunciaron en esta audiencia pública”, subrayó la profesional y acotó: “El ingeniero Pica, hace algunos años, realizó para el municipio un estudio hidrológico que hablaba de la sensibilidad de este lugar. Este sitio tiene 22 hectáreas. En la parte más baja, tiene la cola del humedal y todo un arroyo que se denomina El Sauce, que sí existe”, enfatizó desmintiendo el informe presentado por el APHRI “que dice que apenas termina el terreno empieza el arroyo”.
Y continuó: “Cuando esas tierras no eran ejido municipal Pica pidió que se hiciera allí una laguna de retención porque el barrio Carlos Paz Sierra, que está por debajo de este predio, sufre la consecuencia de las inundaciones, del deslizamiento de aguas. Y ante una lluvia que no fue exagerada ni extraordinario el verano pasado, tuvieron prácticamente un metro de agua (en las viviendas). O sea, si se logra consolidar este loteo que pretenden hacer alrededor del humedal y del arroyo, esto se vería totalmente magnificado, como dicen los ingenieros, podría ocasionar desastres naturales y hasta pérdidas humanas”.
Asimismo, recordó que la abogada Marcela Fernández expresó en varias oportunidades frente al CPUA que el sitio en cuestión se encuentra protegido por la Ley de bosques. En tanto que, el ingeniero Juan Carlos Paesani pidió la banca del ciudadano en algún momento para explicar la importancia de este humedal para el medioambiente.
“Aprobar esta ordenanza para darle uso al suelo urbano en ese sector, no creemos que necesite tanto apuro, en especial cuando es un lugar altamente sensible a nivel ambiental… Por eso, queremos ratificar nuestra postura en contra de este proyecto, primero por va en contra de la Ley de bosques, y en segundo lugar, porque evidentemente la propuesta termina de destruir un predio ambientalmente sensible y visiblemente deteriorado, que lejos de ser loteado deberíamos remediarlo por los importantes servicios ambientales que brinda a la comunidad. Como recurso hídrico debemos cuidarlo como nuestro mayor tesoro. Llamamos a la reflexión para que pensemos y tomemos decisiones para una ciudad sustentable, habitable para todos y con conciencia ambiental alineada con nuestra Carta Orgánica”, concluyó Szkolka.