El Gobierno de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo para enfrentar las falsas amenazas en establecimientos educativos, una problemática que en los últimos tiempos generó preocupación y múltiples intervenciones de emergencia.
A partir de ahora, quienes sean responsables de estos hechos deberán afrontar los costos de los operativos desplegados.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y establece que los gastos derivados de la actuación policial, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores que resulten identificados e imputados por la Justicia.
De este modo, toda intimidación pública o falsa alarma que obligue a movilizar recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un impacto económico directo para sus autores. El objetivo es desalentar este tipo de conductas y reducir la cantidad de intervenciones innecesarias.
El procedimiento prevé que, una vez detectados los responsables, se realice un cálculo detallado de los recursos humanos y materiales utilizados en cada operativo. Con esa información, el Estado avanzará con la correspondiente intimación de pago y, en caso de incumplimiento, podrá iniciar acciones judiciales.
Desde la cartera de Seguridad advirtieron que estos episodios no son hechos menores. Además de alterar el normal funcionamiento de las instituciones educativas, generan temor en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata que compromete recursos destinados a la prevención del delito en otros puntos.
“Cada operativo moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos que deberían estar destinados a la seguridad cotidiana”, señaló el ministro Juan Pablo Quinteros, quien remarcó la necesidad de frenar estas prácticas.
La implementación del protocolo se realizará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y distintas áreas administrativas. Con esta decisión, la Provincia ratifica una política de tolerancia cero frente a las falsas amenazas y busca garantizar entornos escolares más seguros.
