En medio de la conmoción por la megacausa de grooming y abusos sexuales que ya acumula 14 detenidos, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros descabezó la Departamental norteña. Además, pidió al Tribunal de Conducta que investigue por qué se encubrió una presentación realizada hace seis años por la hermanastra de uno de los principales imputados.
La onda expansiva del aberrante caso de grooming y abuso sexual de menores que sacude al norte provincial provocó este martes un fuerte sismo institucional en la fuerza de seguridad. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dispuso el desplazamiento de toda la cúpula policial del departamento Río Seco tras evaluar la pérdida de confianza de la comunidad en la institución.
La medida de carácter político y operativo alcanza al jefe de la Departamental, al jefe de zona y a otros uniformados que cumplían funciones clave en la jurisdicción. La decisión fue ejecutada formalmente por la Jefatura de Policía, a cargo de Marcelo Marín, dando paso inmediato a una renovación total de las autoridades locales.
Nueva conducción en la departamental
Ante los graves hechos de público conocimiento, el subjefe de Policía, Iván Rey, se trasladó a la región para poner en funciones a la flamante plana mayor encargada de reestructurar el área operativa y devolver la tranquilidad a los vecinos.
Como director, quedará el Comisario Inspector Pablo Sebastián Allendes. El subdirector será el Comisario Inspector Miguel Silva. Como jefe de Zona 1 y 2 quedará el Comisario Franco Javier Montoya.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que el recambio responde estrictamente a la necesidad de garantizar transparencia y recuperar la credibilidad social en el desempeño de la fuerza en esa zona de la provincia.
La lupa sobre una denuncia cajoneada de 2020
Uno de los ejes más delicados de la intervención ordenada por Quinteros apunta a dilucidar posibles encubrimientos previos dentro de la propia fuerza. En este sentido, el ministro confirmó que solicitó formalmente al Tribunal de Conducta de las Fuerzas Policiales que investigue el presunto «cajoneo» de una denuncia radicada en el año 2020.
Dicha presentación había sido efectuada en su momento por la hermanastra de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los detenidos actuales en el marco de la investigación por abusos. Los pesquisas intentarán determinar por qué aquella advertencia no prosperó ni derivó en investigaciones judiciales en su momento, lo que habría permitido frenar el accionar de la red con años de antelación.
El estado de la causa judicial
Las medidas políticas y policiales se dan en paralelo al avance de la investigación penal que encabeza la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede.
El expediente dio un salto cuantitativo la última semana tras la declaración testimonial de una cuarta víctima (una adolescente de 16 años), cuyo testimonio permitió librar tres nuevas órdenes de captura. Hasta el momento, la causa contabiliza 15 personas con pedido de detención, de las cuales 14 ya se encuentran efectivamente arrestadas.
Entre los aprehendidos figura el propio Villarreal —quien se desempeñaba como asesor y peón rural vinculado al legislador provincial Ramón Flores, legislador que debió pedir licencia mientras se analiza su situación institucional—, además de un efectivo policial en actividad identificado como Juan Cruz Cejas Bustamante.
Con la renovación de la cúpula policial y la auditoría sobre los antecedentes cajoneados, el gobierno provincial busca poner bajo riguroso control una jurisdicción atravesada por uno de los escándalos judiciales más graves de los últimos años en el norte cordobés.
Fuente: El doce.tv.
