El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la reconocida firma Márquez & Asociados Constructora Desarrollista, ahora renombrada como MRQZPABAR Desarrollos SA, con sede en barrio Villa Warcalde, de la ciudad de Córdoba.
La medida fue dispuesta tras el pedido de un profesional con créditos impagos por honorarios, aunque el caso involucra a miles de damnificados.
El juez Sergio Ruiz calificó el proceso como una “quiebra pedida compleja”, debido al elevado número de juicios civiles iniciados —o por iniciarse— contra la empresa, además de la multiplicidad de denuncias penales radicadas en su contra.
Fechas clave del proceso judicial
El martes 13 de mayo se realizará el sorteo de la sindicatura, que se encargará de administrar el proceso concursal. En tanto, los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos de crédito hasta el 11 de noviembre de 2025, exclusivamente de manera digital, según el protocolo vigente para expedientes electrónicos judiciales.
El Informe Individual de Créditos deberá ser entregado por la sindicatura el 25 de junio de 2026, mientras que la sentencia de verificación de los créditos se dictará el 18 de diciembre del mismo año. Finalmente, la presentación del Informe General está prevista para el 24 de febrero de 2027.
Prohibiciones y medidas patrimoniales
Entre otras disposiciones, el juez Ruiz prohibió realizar pagos directamente a la empresa, declarando que cualquier abono fuera del canal oficial será ineficaz. Todos los pagos deberán canalizarse a través de una cuenta judicial habilitada en el Banco de Córdoba (CBU 0200922751000007728196).
También se ordenó la inhibición general de bienes, la indisponibilidad de activos inscriptos a nombre de la empresa y la inclusión de la quiebra en los registros públicos correspondientes.
Además, se ordenó la inhabilitación societaria de los directivos Juan Pablo Márquez (presidente) y Ariel Hernán Márquez (vicepresidente).
Los terceros que posean bienes pertenecientes a la firma fueron intimados a entregarlos a la sindicatura en un plazo de 24 horas, y se dispuso la futura venta de los activos, aunque el nombramiento del enajenador quedará sujeto a las evaluaciones de la sindicatura.
Dado el alcance del caso, el magistrado solicitó la participación activa del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de Córdoba, considerando el alto impacto social y la gran cantidad de personas afectadas por la caída de la desarrollista.
La causa promete convertirse en uno de los procesos concursales más relevantes de la provincia en los últimos años, con fuerte repercusión en el sector inmobiliario, legal y social.
