Instituciones, profesionales y familias de Córdoba y todo el país advierten que el sistema está al borde de la parálisis. Denuncian que las medidas de apoyo no llegan a los prestadores y que nuevos procedimientos administrativos vulneran derechos adquiridos de las personas con discapacidad. Hay cese de actividades programado para esta semana.
Organizaciones referentes del sector, entre ellas la Federación Converger, CA.PRE.DIS Córdoba, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), emitieron un comunicado conjunto para denunciar la “profunda crisis” que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad.
A pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia, el sector asegura que la situación se ha profundizado, poniendo en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
La Ley de Emergencia: Un anuncio sin impacto real
Según las entidades firmantes, la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo en la práctica. Entre los puntos más críticos señalan:
Falta de efectivización: ninguna de las medidas de apoyo previstas en la ley ha llegado efectivamente a los prestadores.
Aranceles insuficientes: los aumentos otorgados por el Gobierno Nacional no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos ni garantizar la atención.
Reglamentación parcial: el Decreto 84/2026, publicado el 4 de febrero, no reglamentó los incisos fundamentales para garantizar un “financiamiento adecuado y sostenible” para pensiones y servicios.
Retroceso en derechos y trabas burocráticas
La denuncia también pone el foco en la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 2 de marzo. Las organizaciones la califican como “regresiva” debido a que “reinstala instancias de auditoría que contradicen el mandato de “conversión de oficio” de las pensiones”.
Asimismo, ” exige documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en plazos de 30 días, ignorando que el propio Estado suele prorrogar estos vencimientos por falta de capacidad operativa para renovarlos”.
Sin pagos desde diciembre
Uno de los puntos más urgentes solucionar, es el corte en la cadena de pagos que comenzó en el mes de diciembre. Organismos financiadores claves como PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales mantienen deudas que paralizan el sistema.
“Si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza”, advierte el documento, subrayando que esta situación no solo afecta los puestos laborales de miles de trabajadores, sino principalmente la calidad de vida y el desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias.
Cese de actividades y exigencias
Ante la falta de respuestas, el sector anunció un cese de actividades para los días 18 y 19 de marzo. La medida afectará a todas las instituciones que brindan servicios de inclusión y rehabilitación.
Las organizaciones exigen el pago inmediato de todas las prestaciones adeudadas, el cumplimiento efectivo y total de la ley vigente. Y medidas para asegurar la dignidad y el futuro de miles de personas que dependen de estos servicios para su vida diaria.
