La obligatoriedad del grabado de autopartes y por consiguiente el servicio que prestaba la empresa Grababus en el Gobierno de la Provincia continuará en suspenso al menos por seis meses.

El gobierno provincial resolvió mantener la interrupción del grabado obligatorio por otros 180 días, luego de que en noviembre pasado se decidiera anular la concesión con la empresa, en medio de un escándalo por denuncias de deuda tributaria y operaciones ilegales.

En 2018, tras quitarle la concesión, la Provincia le reclamó a Grababus una deuda tributaria mayor a 40 millones de pesos y la estafa hacia el estado por la tercerización de la venta de formularios, otro perjuicio millonario al estado.

Por esta causa, estuvieron detenidos los propietarios de la empresa, quienes recuperaron la libertad recién luego de pagar una fianza y solucionar su situación ante Rentas. La investigación sigue su curso.

La empresa Grababus comenzó a operar en 2015 y facturó durante el tiempo que estuvo operativa 506 millones de pesos.