La agrupación Jubilados en Movimiento Punilla convocó a una movilización frente a la sede del PAMI en Villa Carlos Paz para denunciar lo que califican como un «genocidio por planificación de la enfermedad». La convocatoria es para este miércoles a las 10.30 horas.
Esta manifestación se produce en un contexto de máxima tensión social, donde los adultos mayores denuncian un estado de desamparo y vulnerabilidad provocado por un ajuste sistemático que atenta directamente contra su expectativa de vida.
La marcha busca visibilizar el conflicto derivado del cercenamiento de derechos básicos y la degradación de un sistema que, según los organizadores, está siendo vaciado de manera deliberada.
El núcleo del conflicto se centra en el recorte drástico de la cobertura farmacológica, luego de que el PAMI modificara los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos, eliminando del vademécum al 100% aproximadamente un tercio de las moléculas disponibles.
Esta situación se agrava en la región de Punilla por un vacío prestacional crítico, donde no se cuenta con servicio de neurología desde Cruz del Eje hasta Carlos Paz y se han suspendido traslados en ambulancia, insumos de fisiatría y talleres de salud preventiva que son fundamentales para la integridad de los afiliados.
Los jubilados sostienen que estas medidas forman parte de un plan que prioriza el déficit cero por sobre el acceso a la salud, convirtiéndolos en el principal «pato de la boda» del ajuste económico nacional.
Invitación a los médicos del PAMI
En un giro estratégico, la movilización incluye una invitación explícita a los médicos de cabecera para que se sumen a la lucha, bajo la premisa de que tanto pacientes como profesionales son víctimas de la misma política de desfinanciamiento.
El sector médico atraviesa su propia crisis, manifestada en un paro nacional de 72 horas convocado por la asociación Appamia en rechazo a los honorarios actuales.
A pesar de los aumentos nominales, la eliminación de pagos variables ha provocado una caída real del 40% en los ingresos de los prestadores, quienes llegan a percibir apenas entre $1.400 y $2.100 por paciente, una cifra que imposibilita el sostenimiento de los consultorios y ha provocado renuncias masivas en toda la provincia.
El escenario político añade una capa de confrontación adicional, con propuestas parlamentarias que buscan eliminar el organismo calificándolo como un «gasto brutal» y comparando a los adultos mayores con «autos chocados» que colapsan el sistema de seguros.
