Con una imagen ambiental global en el escalón más bajo de su historia construida por el presidente Jair Bolsonaro, Brasil acudirá a la COP26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) con la renovada promesa en una mano de eliminar hasta 2030 la deforestación amazónica y con un pedido en la otra para que las potencias paguen por el mantenimiento de la selva y la reducción de gases.
Además, la comitiva brasileña -que no integrará Bolsonaro, sino que estará encabezada por el ministro de Medio Ambiente Joaquim Leite– llegará a la conferencia climática apenas una semana después de que el Senado imputara al Presidente por delitos contra la humanidad en el manejo de la pandemia, un escenario inédito que va acompañado por un fuerte discurso ruralista del jefe del Estado de ultraderecha, que presentó un proyecto para permitir la ganadería, el cultivo de soja y la minería en las reservas indígenas.
Especialistas consultados por Télam consideran que Brasil no llevará promesas que puedan cumplirse y buscará apenas financiación externa, mientras internamente continúa financiando con los bancos públicos al sector del agronegocio responsable por la ganadería en el bosque amazónico.
Deforestación para la ganadería
La deforestación para la ganadería es el principal villano del cambio climático en la selva amazónica de Brasil.
El país posee el 60% de la selva sudamericana, a la cual comenzó a “colonizar” en forma masiva en 1971, con la dictadura militar.
El Estado llevó a los ruralistas del sur cercanos a la frontera con la Argentina y Uruguay a ocupar tierras para desarrollar la agricultura y la ganadería a pura motosierra. Unos 8.000 indígenas murieron en esta avanzada en los años setenta, según la Comisión Nacional de la Verdad divulgó en 2014.
Desde que asumió Bolsonaro, la deforestación amazónica bate récords todos los años. Avanzó, según datos oficiales del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, 74% en los primeros mil días de Gobierno, comparado con los mil días anteriores a su asunción el 1 de enero de 2019.
En diálogo por Zoom con corresponsales extranjeros el lunes pasado, el vicepresidente Hamilton Mourao, general retirado y titular del Consejo de la Amazonia, un ente creado por el Gobierno para abrir una suerte de diálogo, dijo que Brasil podría anticipar su meta de deforestación ilegal cero prevista para 2030 en “uno o dos años”.
Pero tal como lo quiere la amazónica Colombia, Brasil buscará un peso mayor en el mercado de los créditos de carbono y enfatizar que la población que vive en la región selvática necesita de un desarrollo que estará limitado por las metas ambientales de la ONU.
Preservar lo que queda
“Nuestro país es 50% bioma amazónico. Si hay que preservar el 80% por nuestra legislación y la cooperación mundial para impedir un cambio drástico del clima, son diez Alemanias para preservar. Y por eso debe haber una negociación para ser compensado por ese trabajo a favor del resto de la humanidad”, afirmó el general retirado.
Para Sergio Leitao, director del Instituto Escolhas, que realiza estudios sobre el impacto económico predatorio en la Amazonía, “el discurso que llevará Brasil es cruel”.
“Brasil sólo pedirá ayuda a la comunidad mundial para cumplir el Acuerdo de Paris pero al mismo tiempo tiene dinero para prestarle a empresarios ruralistas que talan mediante los gigantescos planes de crédito al campo lanzados por los bancos públicos todos los años. El país ya tiene las tecnologías para apuntar a una producción de bajo carbono”, dijo durante una entrevista con Télam.
Según Leitao, el sector que más gases emite en Brasil es la ganadería, al punto que el país es el principal exportador mundial de carnes procesadas.
“En la Amazonía se emiten 145 kilogramos de CO2 por kilo de carne, cuando en las demás regiones el promedio es 23 kilos“, sostuvo el director de Escolhas, entidad que investiga la minería ilegal y la industria del oro en las reservas indígenas invadidas por empresarios en forma clandestina.
Leitao sostuvo que la ganadería es el principal factor de deforestación y destacó que el Gobierno no usa las políticas sostenibles que el propio Estado posee, como la política “Carne Verde” de la prestigiosa Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el INTA brasileño.
Fuente: Télam.
