El impacto del reciente mega decreto anunciado por el presidente Javier Milei continúa resonando en diversos sectores de la sociedad, y las agencias de viajes no son la excepción. Desde este ámbito, se ha manifestado un fuerte repudio y preocupación ante las posibles consecuencias derivadas de esta medida.
En un comunicado conjunto, los Agentes de Viajes Autoconvocados de Argentina expresaron su enérgico rechazo a la intención de derogar la Ley 18.829, la cual, a pesar de su obsolescencia, es la única que regula la actividad del sector. En sus declaraciones, destacaron que la normativa actual, aunque necesitaría una actualización, brinda un marco legal que respalda la actividad y protege los derechos de los usuarios.
Contrariamente a la percepción de monopolio que se les atribuye, las Agencias de Viajes señalaron que existen más de 5100 agencias debidamente registradas en el Registro de Agencias de Viajes. Estas operan de acuerdo con las normativas vigentes, actuando como Entes Recaudadores del Estado al percibir impuestos como el Impuesto PAIS, el Anticipo de Ganancias y otros gravámenes. Alertaron sobre los riesgos de desregular la actividad, abriendo la puerta a operadores ilegales e irregulares que eluden el cumplimiento de obligaciones tributarias.
En sus declaraciones, los representantes del sector enfatizaron la importancia de mantener un marco legal que garantice el respaldo legal para los usuarios en caso de incumplimientos. Señalaron que, si bien la ley actual podría necesitar una actualización, la derogación sin contar con un reemplazo dejaría la actividad librada al azar, poniendo en riesgo miles de empleos y afectando aproximadamente el 10% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los profesionales de las Agencias de Viajes destacaron su formación académica y la necesidad de cumplir con regulaciones como la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, la cual vela por los derechos de los usuarios. Aseguraron que la capacitación y el cumplimiento de normativas son características distintivas de su sector.
Finalmente, los representantes del sector comprendieron la urgencia de la situación económica nacional, pero instaron a que se realice una consulta previa a los representantes de la actividad antes de tomar medidas que, según advirtieron, podrían generar conflictos y consecuencias devastadoras para una actividad que constituye una fuente importante de ingresos de divisas y generación de empleo.
