Si bien hubo sentencia en el amparo ambiental presentado en 2013 y al que la Justicia en su momento le dio curso, la Asociación de Amigos del Río San Antonio se constituyó como “parte interesada” ante el juez Daniel Strasorier para pedir que se cumpla la sentencia en la que las partes (provincia y municipios) se comprometieron a remediar la contaminación del lago.
Entre otras cuestiones, le pidió al juez que se dicte “los modos de cumplimiento a la sentencia en los términos expresados, fijando plazos a los organismos que integran el Comité de Cuenca, bajo apercibimiento de sanciones, para que se cumplimenten los planes de obra, fijando el cronograma de las reuniones; y aplicando medidas de prevención, atentos al estado del lago, de no ingreso y no utilización de las aguas”.
Marcela Fernández, abogada de Adarsa, explicó que entre las requisitorias que se le hicieron al juez figura, como medida preventiva, que “la gente no tome contacto con el agua contaminada”.
