Tras 15 horas de discusión, el oficialismo logró 42 votos a favor frente a 30 en contra. Con el respaldo de la UCR, el PRO y gobernadores aliados, el proyecto busca la sanción definitiva antes del 27 de febrero. La CGT mantiene el estado de alerta tras la movilización al Congreso.

En una sesión maratónica que finalizó a las 4 de la madrugada de este jueves, el Gobierno de Javier Milei alcanzó un triunfo político fundamental. Con 42 votos positivos y 30 negativos, la Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto de Modernización Laboral, una iniciativa que el Ejecutivo considera el corazón de su plan para reactivar la inversión privada y reducir la litigiosidad.

La victoria parlamentaria fue posible gracias a una ingeniería política que incluyó a la Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques provinciales que responden a gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) e Ignacio Torres (Chubut).

Los puntos clave del proyecto aprobado

El texto enviado por el Ejecutivo sufrió modificaciones durante la madrugada para asegurar el apoyo de los bloques dialoguistas, aunque mantuvo sus ejes centrales:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para financiar despidos que reemplaza las indemnizaciones tradicionales por aportes mensuales (1% para grandes empresas y 2,5% para Pymes).

Aportes Sindicales Voluntarios: En una votación dividida, el oficialismo logró que los aportes de los afiliados a los gremios sean voluntarios, eliminando la retención automática.

Límites al derecho de huelga: Se establecen guardias mínimas obligatorias y límites en servicios considerados esenciales.

Justicia Laboral: Se incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sueldos por Banco: Se ratificó que el pago de salarios deberá hacerse por entidades bancarias, relegando a las billeteras virtuales a menos que se adecuen a las normas del BCRA.

Cruces y definiciones en el recinto

El cierre del debate estuvo marcado por discursos encendidos que reflejaron la grieta sobre el modelo laboral argentino.

La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, defendió la norma asegurando que la legislación actual es “obsoleta” y mantiene al país “anclado en el pasado”. Por su parte, la radical Carolina Losada vaticinó que la ley traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

Desde la vereda opuesta, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, denunció la inconstitucionalidad de la norma. “Este proyecto viola el artículo 14 bis y el Pacto de San José de Costa Rica. Es un proyecto que va a fracasar”, sentenció. En la misma línea, Mariano Recalde criticó que la ley “vuelve a la redacción de 1929” y que solo busca “solucionar el miedo de los empleadores a contratar”.

La presión de la calle y el factor “Trump”

La votación se dio mientras la CGT mantenía una movilización en las afueras del Congreso, denunciando que el proyecto busca “facilitar el despido”. Sin embargo, el Gobierno utilizó el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos como un argumento de peso: el oficialismo sostiene que, para que lleguen las inversiones prometidas por la administración Trump, es imperativo “modernizar” el mercado de trabajo.

Lo que sigue: El “sprint” final en Diputados

Con la media sanción en el bolsillo, la estrategia del oficialismo es vertiginosa. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, ya recibió la instrucción de girar el proyecto a comisiones de inmediato. El objetivo es convertirlo en ley antes del 27 de febrero, aprovechando el impulso de la victoria en la Cámara Alta y la reciente cifra de inflación de enero (2,9%), que el Gobierno exhibe como un éxito de su plan económico.