El municipio de Cosquín, en el valle de Punilla, se encuentra al borde de una crisis financiera grave. Una deuda que data de comienzos de los años 2000 —cuando la comuna garantizó préstamos otorgados a empleados municipales— derivó en una sentencia judicial que hoy amenaza con embargar hasta un tercio de los fondos de coparticipación provincial.
Este martes por la tarde, el intendente Raúl Cardinali encabezará un encuentro en el que confirmaron su presencia sus pares de Punilla y el legislador Walter Gispert. En concretó se firmará un documento para acompañar al municipio en su reclamo.
Según la causa, en 2001 la administración de ese entonces garantizó créditos personales para trabajadores municipales. Los descuentos debían realizarse por planilla y ser transferidos a la entidad financiera. No obstante, aunque los descuentos se habrían aplicado, los fondos nunca llegaron a la firma crediticia original.
Años más tarde, la deuda fue adquirida por un grupo inversor —luego representado judicialmente— que exigió el pago total. La demanda original —unos 660.000 dólares—, con el paso del tiempo, los intereses y la actualización judicial, se elevó a más de seis millones de dólares.
Además, hay una segunda causa por honorarios del abogado interviniente, con un monto que rondaría los 1.100 millones de pesos.
Fallo judicial y riesgos para Cosquín
En noviembre de 2025, un juez de Córdoba autorizó el embargo de hasta el 33% de la coparticipación provincial que recibe la Municipalidad —aproximadamente 160 millones de pesos mensuales— para saldar la deuda del municipio.
Tal retención pondría en peligro el funcionamiento administrativo y los servicios esenciales: sueldos de empleados, recolección de residuos, atención sanitaria, provisión de agua, servicios educativos y sociales, entre otros.
El equipo municipal, encabezado por el intendente Raúl Cardinali, cuestiona la legitimidad del convenio original —no habría sido aprobado por el Concejo Deliberante— y estima que el embargo constituye una medida “confiscatoria”. Por ello, anticiparon recursos ante instancias superiores, incluyendo un pedido de nulidad del acuerdo de 2003, con la esperanza de frenar la ejecución.
Reunión de intendentes y pedido de solidaridad institucional
Frente a este escenario, se convocó a una reunión de intendentes y jefes comunales de la región de Punilla, junto a autoridades de la comunidad regional y representantes legislativos, para este martes 9 de diciembre a las 18 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Allí se planea firmar una declaración de apoyo al municipio y a la población local, en solidaridad ante lo que se denomina una “deuda millonaria” que puede derivar en el embargo de fondos coparticipables.
Tras la firma, el presidente de la comunidad regional dialogará con medios de prensa para dar detalles.
El objetivo de la convocatoria es visibilizar la gravedad del conflicto, alertar sobre las consecuencias sociales del embargo y buscar respaldo institucional para preservar la administración municipal y la prestación de servicios esenciales.
