La aprobó hoy el Senado y volverá con reformas a Diputados. El proyecto de ley propone un nuevo régimen de excarcelaciones y prohíbe el sistema de semi detención o de salidas transitorias para los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas, entre otros.
La iniciativa fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de una parte de la oposición, mientras que el sector kirchnerista del Frente para la Victoria votó en contra.
El debate cobró impulso tras el crimen de la joven Micaela García (21), cometido presuntamente por Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir solo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.
El proyecto volverá a Diputados porque el pleno de la Cámara aceptó las modificaciones que se le introdujeron durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia este mediodía.
Los cambios. Entre los cambios más importantes efectuados al proyecto está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causante para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.
Los que sí quedaron fueron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.
Asimismo, se moderó la actuación del Servicio Penitenciario, que de acuerdo con el nuevo proyecto seguirá funcionando como auxiliar del juez de ejecución, pero sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma.
Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos.
La iniciativa aprobada hoy también excluye de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.
El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.
Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel. Además, para poder ingresar en un régimen de “pre-socialización”, el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.
El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.
Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario.
En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.
Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.
